La justicia administrativa de Córdoba cerró un proceso de más de diez años al confirmar que el Estado es responsable de las graves lesiones que sufrió Brandon García Mogollón durante los disturbios del 3 de diciembre de 2013 en la Universidad de Córdoba. El joven fue impactado por un proyectil disparado en medio de un operativo de control de disturbios, dejándole secuelas permanentes.

Según el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba en segunda instancia, fue el subintendente Said Pérez Morgan quien efectuó el disparo. La Sala Sexta de Decisión determinó que el uso del arma de fuego fue desproporcionado y contrario a los protocolos establecidos para contener manifestaciones. En otras palabras, la Policía Nacional incumplió los principios básicos de precaución y proporcionalidad que deben guiar las operaciones de este tipo.

El tribunal concluyó que hubo un "rompimiento de las cargas públicas", expresión que en términos legales significa que el Estado incurrió en una falla grave en su deber de proteger a los ciudadanos. Esta conclusión obligó a los jueces a declarar al Estado como responsable de indemnizar los daños. Por su parte, la Universidad de Córdoba fue exonerada de responsabilidad al comprobarse que no tuvo participación alguna en los hechos.

Este fallo se convierte en un precedente importante para los derechos humanos en el departamento, reafirmando que el uso de armas letales no es una herramienta válida para contener manifestaciones pacíficas. La sentencia pone punto final a un largo litigio y reconoce oficialmente que el daño sufrido por García Mogollón fue consecuencia directa de un actuar irregular de la Fuerza Pública.