El sistema de representación política creado por el Acuerdo de Paz enfrenta una crisis de legitimidad en el sur colombiano. El Tribunal Administrativo del Meta admitió una acción de tutela que investiga lo que autoridades electorales califican como un fenómeno demográfico 'atípico' en el departamento del Guaviare, donde los números no cierran de ninguna manera.

La Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y presentó la demanda denunciando lo que denomina una operación masiva de trashumancia electoral, que es cuando personas inscriben su cédula para votar en municipios donde no viven. El ejemplo más escandaloso ocurrió en Agua Bonita, San José, donde el censo electoral pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026. Eso representa un aumento del 1.540%, cifra que no tiene explicación alguna considerando que el crecimiento general del Guaviare apenas fue del 24% en ese mismo período. Tierra Alta, en El Retorno, también reportó saltos imposibles: pasó de 268 a 743 votantes.

Según la denuncia en poder del tribunal, funcionarios públicos de la Gobernación del Guaviare, la empresa de energía Energuaviare y alcaldías municipales estarían involucrados. En uno de los apartes presentados ante la magistrada Maritza Martínez Aristizabal del Consejo Nacional Electoral, se señala que "es de conocimiento público en el Guaviare, el sin número de funcionarios públicos especialmente de la Gobernación del Guaviare, de la empresa de energía, Energuaviare, alcaldías municipales de San José, El Retorno, Calamar y otros ciudadanos residentes en el sector urbano que hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cedula para votar en el sector rural, y así favorecer a un candidato". Los puntos críticos mencionados incluyen sedes de la IE Agua Bonita, IE Puerto Arturo y varias localidades en Tierra Alta.

La trashumancia electoral es un delito contemplado en el Código Penal Colombiano. Lo preocupante es que estos cambios afectarían directamente la CITREP 7, que son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz diseñadas para garantizar que las víctimas del conflicto tengan voz en el Congreso. Si el fraude prospera, quienes controlen masivamente el voto rural podrían secuestrar esas curules especiales destinadas a la reparación política.

El tribunal no solo vinculó al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría a la investigación, sino que también solicitó la intervención de la Fiscalía General y la Procuraduría para que examinen posibles conductas delictivas o disciplinarias. Los demandantes pidieron medidas urgentes: suspensión inmediata de las inscripciones sospechosas, verificación técnica de la residencia real de los votantes y que no se consoliden los resultados de esos puestos hasta que culmine la investigación.

Las elecciones están programadas para el 8 de marzo. El fallo de esta tutela determinará si las curules de paz, logro del Acuerdo, terminan siendo capturadas por quienes usaron el engaño para secuestrar la representación de las víctimas en el territorio.