Más de dos años después de que salió a la luz el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las investigaciones siguen en marcha. Ahora, tres de los exfuncionarios involucrados en el caso decidieron buscar una salida negociada con la Fiscalía General.

Se trata del abogado Édgar Riveros Rey, acusado de intentar desviar una investigación mediante sobornos. También están en negociaciones Ana María Riveros, hija de Riveros Rey e involucrada como contratista de la UNGRD, y Sonia Rocío Romero, cuñada de Riveros Rey y también contratista de la entidad.

El núcleo de la acusación en su contra gira en torno a un esquema montado para reducir ilegalmente el valor de un convenio entre la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según los investigadores, la operación buscaba disminuir ese convenio en 100 mil millones de pesos para liberar dinero que sería trasladado al Fondo Nacional. La Fiscalía sostiene que esta maniobra fue coordinada por Luis Carlos Barreto, quien se desempeñaba como subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública en ese momento.

Los cargos que enfrenta el trío son de consideración: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación (tanto propio como en favor de terceros), lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Durante una diligencia ante un juez, el fiscal Gabriel Sando explicó que "(Los tres procesados) han hecho presencia en la Fiscalía General de la Nación para hacer acercamientos respecto de la finalización anticipada del proceso y colaboración en virtud de principios de oportunidad. La Fiscalía ha estado atenta durante todo el transcurso de esta actuación, incluso desde antes de la vinculación de estas personas a través de imputación y de las solicitudes de medida de aseguramiento, no solamente con ellos, sino con todos los procesados dentro de esta carpeta, para adelantar conversaciones de esta naturaleza".

Lo que suceda ahora dependerá de un juez, quien deberá evaluar y decidir si acepta o rechaza el preacuerdo que proponen Riveros Rey, Ana María Riveros y Romero con la Fiscalía.