El caso de Yulixa Toloza empieza a tomar forma en los despachos de la justicia colombiana. La mujer de 52 años desapareció el pasado 13 de mayo después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, y ahora tres enfermeras que trabajaban en ese lugar han decidido hablar. Según informó Caracol Radio en exclusiva, estas mujeres comparecieron ante la Fiscalía General de la Nación para entregar testimonios clave que están ayudando a esclarecer qué sucedió realmente entre esas paredes.

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) interrogaron a las enfermeras y sacaron a la luz un panorama oscuro: condiciones laborales deplorables, falta de higiene, salubridad comprometida. Pero lo más grave es lo que revelaron sobre quiénes estaban realizando los procedimientos médicos. Las tres mujeres no solo hablaron del estado del lugar, sino que identificaron a los responsables de practicar intervenciones sin tener la credencial para hacerlo. Esta información es fundamental porque la Fiscalía necesita establecer exactamente qué salió mal y por qué Yulixa terminó en ese vehículo, casi inconsciente, siendo cargada por dos hombres.

Mientras avanza la recolección de pruebas, la búsqueda se mueve en dos direcciones paralelas. Los peritos forenses están analizando cada segundo de los videos de las cámaras de seguridad del lugar y sus alrededores. Al mismo tiempo, la Fiscalía rastrea el carro negro que aparece en las grabaciones sacando a la paciente del centro estético. Las primeras pistas indican que el vehículo se fue hacia la Autopista Sur y abandonó Bogotá. Ya el propietario del automóvil se presentó ante el CTI y fue entrevistado.

La gravedad de lo sucedido ha disparado todas las alarmas. Se activó la alerta rosa y el mecanismo de búsqueda urgente. Sin embargo, los principales implicados desaparecieron: la propietaria de la clínica, descrita como una enfermera de nacionalidad venezolana; el falso médico que realizó la intervención, y el resto del personal huyeron cuando la situación se salió de control.

Desde la óptica legal, el panorama es muy complicado para quienes están siendo investigados. El abogado penalista Saúl León explicó a El Tiempo que el caso debe tratarse como desaparición forzada: "El solo hecho de mantenerla desaparecida ya materializa ese delito". Esta tipificación contempla penas de entre 26 y 45 años de cárcel. Además, si se comprueba que eliminaron o manipularon los videos, enfrentan cargos por ocultamiento o destrucción de material probatorio, con penas de 6 a 12 años adicionales.

El penalista Fabio Humar añadió que las irregularidades abren la puerta a delitos contra la integridad personal, incluyendo lesiones, más la ilegalidad evidente de ofrecer servicios médicos sin profesionales autorizados. Ambos expertos coinciden en algo crucial: la Fiscalía debe determinar con urgencia si Yulixa Toloza está viva o si falleció. De confirmarse su muerte como resultado de la intervención clandestina, los responsables enfrentarían cargos adicionales por homicidio doloso, pues cualquier daño derivado de una práctica ilegal puede imputarse bajo esa modalidad.