El Pacto Histórico ha enfrentado un obstáculo recurrente: perder congresistas tras decisiones judiciales que anulan sus elecciones. Roy Barreras, Alexander López y César Pachón fueron marginados de sus curules hace años por razones como la doble militancia. Ahora, cuatro años después y cuando varios parlamentarios de la coalición petrista aún no han tomado posesión formal de sus escaños, la amenaza reaparece pero por una razón distinta: haber celebrado contratos con dependencias del Estado poco antes de los comicios.

Tres casos particulares tienen en vilo a la coalición. Laura Daniela Beltrán Palomares, "Lalis" como se conoce en redes sociales, resultó electa representante por Bogotá con 915.473 votos en la lista del Pacto. Kamelia Zuluaga Navarro aparece en el puesto 15 de la lista cerrada como futura senadora. Y Verónica Estrada Holguín fue elegida representante por Antioquia. Los tres nombres están bajo escrutinio por vínculos contractuales con el Estado.

La norma que los amenaza está en la Constitución. El artículo 179 prohíbe ser congresista a "quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección". Este mismo artículo fue usado para dejar sin curul al senador Antanas Mockus en 2019, a pesar de que obtuvo 540.738 votos en 2018, la segunda votación más alta de esa elección. El Consejo de Estado anuló su curul porque la fundación Corpovisionarios, de la cual era representante legal, firmó un contrato con la Gobernación de Cundinamarca en noviembre de 2017, menos de seis meses antes de los comicios.

En el caso de "Lalis", ella suscribió un contrato con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que comenzó en marzo de 2025 y debería ejecutarse hasta el 31 de diciembre. Aunque ella sostuvo que pidió la terminación el 1 de octubre y concluyó la ejecución el 10 de octubre, cuando el Ministerio respondió una solicitud en noviembre contestó que el contrato seguía "vigente". Para Verónica Estrada, la situación es parecida: tuvo un contrato de 78 millones de pesos con la Dian desde el 20 de marzo de 2025 hasta el 31 de diciembre. Ella solicitó su renuncia el 8 de septiembre, justo seis meses antes de las elecciones, pero la terminación solo quedó en firme el 30 de septiembre. Estrada defendió su actuación diciendo que "sí trabajé en la Dian y no es un pecado ser servidor público. Lo hice con compromiso y convencida de que hay que hacer lo correcto, me retiré oportunamente para trabajar por mi candidatura".

Kamelia Zuluaga tiene una posición más favorable. Ella firmó un contrato por 45 millones con Colombia Compra Eficiente en marzo de 2025 hasta el 31 de diciembre, pero solicitó su terminación anticipada por "razones de índole personal" y esta se materializó el 7 de septiembre, lo que la dejaría sin inhabilidad.

Los abogados y expertos comienzan a debatir una interpretación alternativa. Existe una tesis en formación según la cual la inhabilidad aplicaría solo si el contrato fue firmado dentro de los seis meses previos a las elecciones, no si ya estaba en ejecución o liquidación durante ese período. El politólogo Marco Antonio Bustos ofrece una perspectiva legal diferente: "El Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada que lo determinante no es únicamente la firma del contrato, sino la existencia de una relación jurídica activa con el Estado, es decir, mientras el contrato no haya concluido ni se haya liquidado".

Por ahora, ninguna de las tres parlamentarias electas ha tomado posesión de su curul, por lo que no hay procesos formales en su contra. Sin embargo, una vez asuman sus escaños, nada impide que surjan demandas y reclamos. El primer reto que enfrentarán será defender legalmente sus curules.