Cuando Colombia conocía el mapa de las nuevas bancadas del Senado y la Cámara de Representantes, emergió una realidad incómoda: junto a los nuevos elegidos se sentaban también políticos con serios líos judiciales. Algunos enfrentan investigaciones por corrupción, otros por presunto enriquecimiento ilícito. El Colombiano documentó algunos de estos casos que demuestran cómo la justicia y la política avanzan en caminos paralelos en el país.

David Racero llegó al Senado para el periodo 2026-2030, pero a solo dos días de las elecciones la Corte Suprema lo citó a indagatoria. La Sala Especial de Instrucción lo cuestionó por presunto delito de concusión, es decir, por el abuso de su cargo para obtener dinero o ventajas. Según la investigación, Racero habría utilizado de manera irregular a miembros de su equipo legislativo para asuntos relacionados con negocios particulares, presionándolos incluso para que transfirieran dinero a sus cuentas personales.

Lo más llamativo salió a la luz gracias a audios revelados por el periodista Daniel Coronell. En esas grabaciones, el mismo Racero describía las condiciones de trabajo de Jhon Leonardo García Lara, un exmiembro de su equipo legislativo que terminó trabajando en un fruver del congresista. "No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana", dijo Racero. El trabajador, según lo documentado, además operaba caja, limpiaba baños, preparaba pulpas de fruta y tapeaba pisos.

Wilmer Carrillo, representante del Partido de La U por Norte de Santander, también mantiene su curul pese a un proceso abierto en la Corte Suprema. Las acusaciones en su contra son graves: tráfico de influencias, concusión, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Los hechos se remontan a 2016 y 2017, cuando supuestamente se acercó al entonces gobernador William Villamizar Laguado para influenciar el nombramiento de la directora del hospital regional en Ábrego.

Según el expediente, después de lograr ese nombramiento, Carrillo habría direccionado contratos de gasolina e insumos médicos hacia la gobernación y recibido dinero por ello. La investigación también sugiere que impulsó a varias personas hacia cargos públicos a cambio de porcentajes de los contratos. La Corte ya determinó que hay elementos suficientes para llevarlo a juicio, aunque su defensa aún puede apelar esa decisión.

Didier Lobo, congresista de Cambio Radical, enfrenta otro tipo de cuestionamiento. Su caso viene desde su época como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, entre 2011 y 2014. La indagación preliminar de la Corte Suprema detectó un incremento patrimonial injustificado del congresista y su núcleo familiar durante ese periodo, lo que abre la puerta a investigaciones por enriquecimiento ilícito.

Estos tres casos reflejan una tensión permanente en Colombia: la de políticos cuestionados que siguen ocupando curules legislativas mientras avanzan sus procesos judiciales. La justicia sigue su curso, pero en el Congreso, por ahora, todos tienen voz y voto.