Un paso importante en la búsqueda de justicia por la muerte del periodista Cristian Hernando Herrera. La Fiscalía General de la Nación logró judicializar a tres personas señaladas de estar involucradas en el asesinato que ocurrió el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Se trata de John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes fueron capturados, acusados formalmente y remitidos a prisión mientras continúa la investigación.

Las autoridades tienen un panorama claro de cómo habría ocurrido el crimen. Según la Fiscalía, Wilmer Portillo González fue quien vigiló al periodista utilizando un taxi, tanto en su casa como en otros lugares que frecuentaba. Luego se habría reunido con Angélica Vesga Arenas para observar la vivienda de Herrera y coordinar el momento exacto del ataque. Con esa información, John Sebastián Duque Andrade llegó en motocicleta al sitio donde disparó contra el periodista sin descender del vehículo, según la hipótesis investigativa.

Lo grave del asunto es que todo apunta a que el homicidio está directamente relacionado con el trabajo que hacía Herrera. De acuerdo con el expediente, el periodista había recibido amenazas atribuidas al grupo delincuencial autodenominado 'La Familia de la P'. Los investigadores recopilaron videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir cada movimiento de los presuntos implicados antes del crimen.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno de ellos aceptó los cargos cuando fue llevado ante el juez. Las autoridades también incautaron un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que hacen parte del proceso judicial.

Por orden de una jueza de control de garantías de Cúcuta, los tres permanecerán en un centro penitenciario mientras avanza el proceso para esclarecer completamente los hechos. Este es un avance significativo en un caso que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas en el país por el simple hecho de ejercer su profesión.