La Fuerza Pública intensificó su presión sobre el ELN en la región del Catatumbo con un nuevo bombardeo en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Según el reporte militar preliminar, la operación dejó siete muertos entre integrantes del Frente Luis Enrique León Guerra, una estructura señalada de proteger a los mandos máximos de la guerrilla, el Coce y la Dirección Nacional. Los cuerpos no fueron recuperados porque combatientes del ELN los retiraron durante enfrentamientos, mientras que también lanzaban drones atacantes contra las tropas que ingresaban al área.

En los campamentos que las tropas ocuparon encontraron material explosivo, equipos para fabricar minas antipersonal y artefactos modificados para ser disparados desde drones. El objetivo de este golpe no era cualquiera: la comisión que fue atacada cumplía labores críticas de seguridad cuando los mandos del ELN cruzaban desde Venezuela hacia Colombia, y además pelaba con la Estructura 33 de las disidencias de las Farc por el control de corredores ilegales sobre el río Catatumbo.

Este bombardeo es el tercero en apenas cinco meses. El primero ocurrió el 4 de febrero en operaciones entre El Tarra y Tibú, dejando siete muertos y un capturado según reportes del Ejército. El segundo sucedió el 19 de abril en la vereda San Martín, donde murieron dos integrantes, entre ellos alias 'Yair', identificado como tercer cabecilla experto en drones y francotiradores, y alias 'Valentina'. En esa ocasión también destruyeron búnkeres y más de 300 granadas adaptadas para lanzar desde drones.

Lo que emerge de esta secuencia de operaciones revela una estrategia más profunda que buscar simples bajas. El Ejército está apuntando a tres capacidades fundamentales del ELN en la zona: su estructura de mando, su capacidad de movilidad en la frontera y su tecnología armada con drones. Cada bombardeo ha golpeado campamentos, corredores de movimiento, anillos de protección y estructuras vinculadas al uso de explosivos aéreos.

Esta ofensiva llega en medio de una disputa territorial brutal entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias por el control del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo ha alertado que desde enero de 2025 más de 100.000 personas han sido desplazadas internamente por los enfrentamientos armados y el dominio que ejercen los grupos ilegales en la región.

Por ahora la Fuerza Pública continúa sus operaciones en el área. El próximo paso será confirmar el balance del bombardeo en Tibú, contabilizar el material incautado y evaluar si el daño al anillo de seguridad del ELN afecta realmente su capacidad para moverse entre la frontera con Venezuela.