La Guajira despertó este martes 26 de mayo con una parálisis vial que tiene en jaque a comerciantes, transportadores y viajeros. Al menos tres puntos neurálgicos del departamento permanecen bloqueados simultáneamente por comunidades locales que exigen respuestas a problemas que llevan tiempo acumulándose sin solución.

En La Jagua del Pilar, al sur del departamento, el cierre es total. La comunidad protesta por las constantes fallas en el servicio de electricidad, achacadas a la empresa Air-e, y demanda mejoras inmediatas. Mientras tanto, en el sector de Camarones, el bloqueo es intermitente y responde a rechazos contra el Decreto 0514 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro el 19 de mayo. Este decreto reglamenta la protección de la "Línea Negra", un sistema de espacios sagrados de pueblos como Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada. El problema es que comunidades Wayuu del departamento denuncian que el decreto incluye territorios ancestrales sin haber realizado una consulta previa amplia y efectiva, lo que podría afectar su autonomía territorial y cultural.

Pero el golpe más fuerte cae sobre la Troncal del Caribe. En el kilómetro 5+500, a la altura del cruce hacia Mayapo, miembros de comunidades indígenas Wayuu mantienen cerrado este corredor vital que conecta Riohacha con Maicao y la frontera con Venezuela. Su exigencia es clara: presencia inmediata de delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender situaciones relacionadas con la protección de la niñez indígena.

El impacto económico es severo. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera reportó que entre enero de 2023 y abril de 2026, Colombia registró 2.627 cierres viales que dejaron pérdidas por 12,4 billones de pesos para el gremio. Un vocero de la organización fue directo: "Al ser una península que recibe la mayoría de sus provisiones por carretera, la obstrucción de vías como la Troncal del Caribe significa el aislamiento total de Riohacha y Maicao". Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, fue aún más contundente al calificar estas interrupciones como un "delito que atenta contra los derechos fundamentales" a la libre movilidad, el trabajo y el acceso a servicios esenciales.

Las comunidades han dejado claro que los bloqueos podrían extenderse de manera indefinida mientras el Gobierno no abra espacios de diálogo efectivo. La secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, Oriana Zambrano, había anticipado estas movilizaciones y recordó que la administración departamental presentó observaciones técnicas que no fueron acogidas por las entidades nacionales. Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno: se espera que en las próximas horas se instalen mesas de concertación que permitan restablecer la movilidad sin pasar por alto los legítimos reclamos de estas comunidades.