El suroccidente colombiano vive días de tensión y zozobra. El Ejército Nacional acaba de confirmar que en los últimos días se han registrado al menos 31 acciones armadas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según reportes de las autoridades militares, estos hechos incluyen atentados con explosivos, hostigamientos, ataques con drones y actos de violencia tanto contra la Fuerza Pública como contra civiles.

El panorama es desolador cuando se analiza la concentración geográfica de estos eventos. El general Hugo López Barreto, comandante del Ejército, ha informado que Cauca lleva la peor parte con 22 casos registrados. En Valle del Cauca se han contabilizado siete hechos violentos, mientras que Nariño suma dos más. Esta distribución refleja la intensidad y alcance de la ofensiva armada que sacude la región.

Uno de los episodios que más ha impactado a las comunidades sucedió en la vía Panamericana a la altura de Cajibío, donde la detonación de un explosivo cobró la vida de 20 personas. El gobernador Octavio Guzmán confirmó este trágico balance. Lo que duele aún más es que entre las víctimas estaba Patricia Mosquera, una lideresa social reconocida en el departamento, junto con dos de sus familiares. El hecho ha generado profunda conmoción entre quienes la conocían y trabajaban con ella.

No todo ha sido consumación de violencia. En El Patía, militares desplegados en la zona lograron frustrar otro atentado al detectar a tiempo una carga explosiva que pretendía ser activada en la vía Panamericana. Pero mientras eso ocurría, en la zona rural de Jamundí, hombres armados incendiaron un camión de carga, acción que el Ejército atribuye a estructuras disidentes que operan en esa área del país.

Desde la administración, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ha afirmado que "estos ataques buscan sembrar miedo entre la población y responder a las operaciones militares que se han venido adelantando contra grupos armados ilegales". El funcionario insistió en que "la ofensiva institucional continuará para evitar nuevos hechos violentos".

Las condenas se han multiplicado. La Procuraduría General de la Nación pidió acciones contundentes contra los responsables, mientras que la Embajada de Estados Unidos expresó solidaridad con las víctimas y respaldó las medidas de seguridad que ha adoptado el gobierno colombiano. Mientras tanto, la Fiscalía General avanza en las investigaciones para esclarecer la cadena de atentados y establecer responsabilidades. Las autoridades también han reforzado la presencia militar en varios corredores estratégicos del suroccidente.