Las cicatrices de Ituango vuelven a abrirse. Tres décadas después de que grupos paramilitares sembraran terror en los corregimientos de La Granja y El Aro, la justicia decidió citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe para que aclare su relación con unos de los crímenes más graves que dejó el conflicto armado en Antioquia.

Todo comenzó el 11 de junio de 1996. Decenas de integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros llegaron a La Granja amenazando a los pobladores. Cerraron comercios, sacaban gente de las casas con listas en mano, los acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Cinco personas fueron torturadas y asesinadas frente a sus familias en distintos lugares de la comunidad. Un año después, el horror regresó.

Entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997, los paramilitares se ensañaron contra El Aro con una brutalidad sin medida. Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y dejaron 1.400 desplazados según información de la Agencia Nacional de Tierras. Los comandantes José Higinio Arroyo Ojeda, alias "Ocho Cinco" o "Caballo", y el paramilitar Isaías Montes Hernández, conocido como "Junior", dirigieron esas operaciones. Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar, pilotaba uno de los tres helicópteros que participaron en las incursiones, lanzando suministros para sus hombres. Había también sospechas de que otro helicóptero provenía de la Gobernación de Antioquia, aunque esto nunca se probó en las diligencias. Lo que sí quedó claro es que las Fuerzas Militares nunca llegaron a defender a esos ciudadanos, incumpliendo su misión constitucional.

El objetivo era debilitar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía presencia en la región. Pero la represalia no se detuvo allí. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda "la Terraza" bajo órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias "don Berna", entraron a la oficina del abogado Jesús María Valle en el edificio Colón de Medellín. Valle había sido concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo mataron porque hablaba, porque denunciaba la connivencia entre paramilitares y funcionarios del Estado. Le dispararon dos veces con una pistola con silenciador. Su sobrino, el abogado Mauricio Alberto Herrera Valle, le explicó a El Colombiano que "a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda".

La justicia ha condenado a varios responsables de esas masacres. Entre ellos están los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, además de empresarios como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio que financiaron las incursiones. Varios militares de la época también fueron judicializados. Fue precisamente durante los procesos de algunos paramilitares desmovilizados cuando Mancuso señaló presunta complicidad de Álvaro Uribe, quien en aquella época era gobernador de Antioquia.

Uribe ya se había presentado voluntariamente a la Fiscalía en 2023 para desmentir los señalamientos de Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz. Pero ahora la justicia ordinaria lo llama nuevamente, esta vez para indagarlo formalmente sobre su presunta relación, omisión o complicidad en los hechos de Ituango y en la muerte de Valle. Ante la notificación, el expresidente reaccionó a través de redes sociales diciendo: "La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política".