Hace casi un mes que Colombia y Ecuador entraron en una guerra comercial que no muestra señales de desescalada. Ecuador mantiene vigente un arancel del 30% a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, y Colombia respondió con la misma tarifa sobre productos ecuatorianos además de suspender las exportaciones de energía eléctrica. A pesar de que el gobierno colombiano ha dicho que estas medidas son temporales, la realidad es que no hay acuerdos en la mesa ni indicios claros de que alguien vaya a quitar esos aranceles pronto.

Lo que esto significa para su billetera es más caro casi todo. Ecuador subió el costo de transportar crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano de 3 dólares a 30 dólares por barril, un aumento de más del 900 por ciento. Eso golpea la producción petrolera del sur del país, especialmente en Putumayo, y genera efecto dominó en toda la cadena productiva. Mientras tanto, los aranceles encarecen cualquier producto que se compre o venda entre los dos países, y las empresas que importan o exportan están en la incertidumbre total sobre qué pasará después.

El conflicto tiene raíces más profundas que una simple disputa comercial. Ecuador asegura que Colombia no ha hecho lo suficiente para controlar el crimen organizado y los cultivos ilícitos en la frontera. Y la cifra es preocupante: en 2023 Colombia registró 252.575 hectáreas de coca, la más alta en años recientes. Solo en Nariño y Putumayo, que están en la frontera con Ecuador, se concentra casi la mitad de todos esos cultivos. Esto explica por qué Ecuador está molesto: cuando hay más droga en la frontera, entra más crimen a su territorio.

Lo paradójico es que Colombia y Ecuador dependen mucho uno del otro. Hace años Colombia ha vendido más a Ecuador de lo que compra, acumulando un superávit comercial que en 2025 llegó a 921 millones de dólares. Ecuador es el séptimo destino de las exportaciones colombianas totales y el tercero más importante si se cuenta solo lo que no es petróleo ni minería. Eso significa que este conflicto afecta economía seria en los dos lados de la frontera.

La energía eléctrica es un caso especial. Colombia acostumbraba venderle electricidad a Ecuador, especialmente cuando el país vecino enfrentaba crisis energéticas. En 2024, cuando El Niño generó sequías severas, Ecuador sufrió apagones de hasta 14 horas diarias y Colombia le vendió energía para salvarlo. Este año se exportaban 133,8 millones de dólares en electricidad, pero ahora eso está cortado. Es un golpe estratégico porque Ecuador pierde una fuente confiable de energía en momentos de vulnerabilidad.

Después de casi un mes, el balance es desolador: sin acuerdos, sin desmonte de aranceles, sin resultados visibles de las conversaciones diplomáticas. Los analistas de Anif advierten que esto no tiene ganadores evidentes, pero sí tiene perdedores seguros: las empresas que necesitan hacer negocios binacionales, los trabajadores cuya producción se encarece, y la confianza en las instituciones que deberían resolver estas disputas dentro de la Comunidad Andina, que es el bloque económico que comparten junto con Bolivia y Perú.

Si esto continúa así, el riesgo es que la inversión se retire, que se pierdan empleos y que la inestabilidad económica se profundice en ambos países. Ni Colombia ni Ecuador tienen una relación tan fuerte con otros mercados como para que pueda reemplazar lo que pierden uno del otro. Por eso, seguir en esta guerra sin una salida negociada es un juego donde todos pierden.