Los transportadores formales de Montería y el departamento de Córdoba están de punta contra el crecimiento acelerado del transporte informal. El sector legal, que cumple con pólizas, revisiones técnicas, impuestos y seguridad social, siente que está siendo ahogado por una competencia que no juega limpio: vehículos particulares que prestan servicio de transporte sin ninguna autorización.

La situación es tan preocupante que ya llegó a las autoridades. Empresas y conductores legalmente constituidos han presentado quejas formales ante la Policía de Tránsito, la Secretaría de Tránsito Municipal de Montería, bajo el liderazgo de María Fernanda López Fabra, y la Secretaría de Tránsito Departamental de Córdoba, dirigida por Reinaldo Martínez Torres. El mensaje es claro: necesitan operativos más estrictos y control real en las vías.

Desde el lado oficial ya confirmaron que están analizando las solicitudes para crear nuevas estrategias de control. Pero el gremio no anda con vueltas: si no ven cambios pronto, van a las acciones fuertes. "Podrían iniciar jornadas de protesta o incluso un cese de actividades", advierten los transportadores, quienes también mencionar actores del departamento de Sucre en esta batalla.

Mientras tanto, la ciudadanía espera a ver qué pasa. Todos saben que el transporte informal es un problema, pero también temen que un paro de los formales afecte la movilidad. Los transportadores legales insisten en llegar a acuerdos que acaben con la informalidad sin dejar a Montería y Córdoba sin forma de moverse. Es un pulso que está apenas comenzando.