TransMilenio está viviendo una crisis que va más allá de los números rojos. Lo que comenzó como un problema de evasión de pasajes se ha convertido en un asunto de orden público que preocupa cada vez más en Bogotá, especialmente por el clima de violencia que rodea estas prácticas.

En lo que va de 2026, la situación ha escalado de una manera que deja claro que algo no está funcionando. Según las cifras más recientes, más de 180 guardas de seguridad han sufrido agresiones de personas que intentan ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Traducido a lo que experimenta la ciudad día a día, significa un ataque cada 14 horas en las estaciones y portales del TransMilenio. Para los trabajadores del sistema, esto representa una realidad cada vez más peligrosa.

El impacto económico es igualmente preocupante. Se estima que las pérdidas anuales por evasión superan los 260 mil millones de pesos, mientras que cerca del 15 por ciento de los usuarios simplemente no pagan su ingreso. Eso afecta directamente la sostenibilidad del servicio y la capacidad del sistema para mejorar.

Frente a este escenario, las autoridades han comenzado a plantear soluciones de emergencia. Entre las medidas que se consideran están la instalación de barreras físicas que impidan el ingreso sin autorización, aumentar la presencia de policía en los puntos más críticos, y aplicar sanciones más contundentes contra quienes incurran en estas conductas.

El desafío ahora es recuperar el control de un sistema que miles de bogotanos usan todos los días para llegar a sus trabajos, estudios y compromisos. Sin seguridad ni sostenibilidad financiera, TransMilenio pierde credibilidad y capacidad para servir a la ciudad.