A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el Gobierno ha acelerado una maratón de entregas de tierras que expertos ven más como estrategia de votos que como verdadera política de Estado. Bajo el discurso de justicia social, se está tejiendo un sistema de clientelismo agrario donde se reparten títulos de propiedad a toda velocidad para fabricar "hechos políticos" en el corto plazo. El problema es que el beneficiario recibe un papel, pero hereda un negocio quebrado y un territorio dominado por la violencia.

La realidad en el campo es brutal y medible. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los costos laborales han subido de manera asfixiante por las recientes reformas laborales, con un impacto proyectado de hasta un 23% en los gastos de producción para quienes mantienen la formalidad. En un país donde más del 70% del empleo rural ya era informal, el resultado es predecible: menos trabajadores contratados, menos productividad y más presión sobre el productor. Producir un bulto de alimento se ha convertido en un acto de heroísmo financiero.

Pero lo más oscuro va más allá de las cifras de empleo. De acuerdo con reportes de seguridad rural, la violencia en el campo ha mutado hacia un esquema de control territorial puro: abigeato, extorsión e invasión de predios son solo síntomas de un desorden público estructural. El Estado no gobierna amplias zonas rurales; allí gobiernan los grupos armados y el crimen organizado. Y existe un "impuesto a la sombra" que los gremios agrarios reconocen sin rodeos: la extorsión, la llamada "vacuna", ya forma parte obligatoria de los costos de producción.

Entregar una parcela en una zona bajo dominio criminal equivale a regalarle un nuevo contribuyente forzoso a la ilegalidad. Sin vías terciarias transitables, con peajes ilegales que encarecen el transporte hasta un 40% en zonas críticas, el título de propiedad se convierte en condena a la subsistencia. Según advertencias de la Misión de Observación Electoral, la violencia ya amenaza el proceso electoral de 2026 en departamentos estratégicos como Cesar y Magdalena, donde grupos armados determinarán quién puede mover su cosecha y quién vota libremente.

La trampa electoral es evidente: el Gobierno entrega la tierra, pero no la seguridad, ni la infraestructura, ni las condiciones mínimas para que sea rentable. El campo colombiano necesita Estado: control territorial, monopolio de la fuerza pública, vías de acceso y protección. Todo lo demás es simplemente propaganda. El campesino no necesita discursos ni títulos simbólicos. En 2026, el país deberá decidir si quiere un campo productivo o un campo usado como botín electoral.