Un mes atrás, las balas acabaron con la vida de Luder Quiñones Echeverri, timbalero de la orquesta de Willy García, en el centro de Cali. Tenía 52 años y ese 17 de marzo estaba en su camioneta blindada en el barrio Bretaña, acompañado por su pareja Erika Viviana Timana. Lo que parecía una mañana normal, con planes de llevar el vehículo a un taller por una falla en una puerta, terminó en tragedia. A pesar de que su compañera lo trasladó urgentemente a un centro médico, los doctores no pudieron salvarlo. Las heridas fueron demasiado graves.

La Fiscalía actuó rápido. Capturó a Juan Esteban Sánchez Valencia, conocido en el bajo mundo con los alias "El Zarco" o "El Enfermero", el 11 de abril en Bochalema, sur de Cali. Lo acusó de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Sánchez Valencia rechazó los cargos, pero las evidencias apuntan directamente hacia él. Una jueza lo envió a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Lo curioso es que este señalado atacante venía de una sentencia condenatoria vigente desde 2024 por hurto calificado.

El ataque no fue cosa de una sola persona actuando por impulso. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Sánchez Valencia llegó en motocicleta, se bajó, sacó su arma y disparó repetidamente contra Quiñones. Luego se subió nuevamente a la moto, apuntó una vez más para confirmar que la víctima había caído, y huyó junto a otros cómplices. Quiñones intentó defenderse. Sacó su propia arma, pero quedó superado en número. Detrás de esto había un engranaje criminal con entre cinco y seis personas: uno hacía los disparos, otro vigilaba desde atrás de la camioneta y otros fungían como campaneros, alertando sobre movimientos en la zona para garantizar la fuga.

El testimonio de Erika fue fundamental. Ella relató a los investigadores que vio todo a menos de dos metros, en plena luz del día y sin obstáculos. Describió al agresor como un joven de tez blanca, delgado, entre 20 y 25 años, con cara de niño y casco gris sin protección facial completa. Dijo que portaba camiseta blanca y pantalón o sudadera oscura. En el intercambio de disparos, ella misma resultó herida en el pie izquierdo. Lo importante: aseguró que no hubo robo. Su esposo llevaba una cadena de oro grueso y un arma, pero nada le fue quitado. Tiempo después, el 26 de marzo, en una diligencia de reconocimiento fotográfico, identificó plenamente a Juan Esteban Sánchez Valencia como el tirador.

Lo que selló la suerte del capturado fue un video de apenas 34 segundos que la investigación denominó la "columna vertebral" del caso. En esas imágenes quedó grabado el instante exacto del ataque, los disparos y la huida de los agresores hacia las motos. Los investigadores rastrearon cámaras de seguridad en toda la zona y vieron cómo el grupo estaba explorando la zona antes, coordinándose, siguiendo a Quiñones. Incluso documentaron cómo trataron de ocultar la placa de una de las motocicletas.

Una fuente no formal identificó a Sánchez Valencia y a otro sujeto apodado "Sebas" o "El Veneko" como participantes. Indicó que ambos se movían en motocicletas frecuentando barrios como Terrón Colorado y Ulpiano Lloreda. Según esa fuente, vieron que Quiñones portaba una cadena de oro y lo marcaron desde temprano. Los investigadores corroboraron esto: encontraron motos con placas que coincidían. Registros de la Policía Nacional mostraban que Sánchez Valencia había sido sancionado el 4 de marzo, apenas días antes del crimen, conduciendo esa misma motocicleta.

Lo más revelador llegó después. Un comerciante del barrio San Nicolás declaró que el mismo día del crimen, en horas de la noche, alguien le vendió una motocicleta por 4.500.000 pesos. Era la misma moto del ataque. La fiscal explicó en audiencias que "la motocicleta fue avaluada en ocho millones de pesos. Él manifestó su intención de venderla y recibió cuatro millones quinientos mil pesos como pago inicial, con el compromiso de completar la documentación necesaria para formalizar y finiquitar el negocio. En efecto, se le entregó dicha suma, quedando pendiente el saldo restante, el cual debía cancelar al momento de concluir el contrato. Sin embargo, nunca regresó para cumplir con lo acordado". La desesperación por deshacerse del vehículo usado en el crimen terminó siendo otra pieza de la condena.