Hace poco más de treinta años, unos terrenos en La Calera, Cundinamarca, eran la prueba física de una fortuna construida en el crimen. Ahora esos mismos predios se usan para formar maestros. La Sociedad de Activos Especiales entregó oficialmente a la Universidad Pedagógica Nacional un terreno rural de más de siete hectáreas que perteneció a Juan Camilo Zapata Vásquez, conocido como 'El Brujo', uno de los principales operadores del Cartel de Bogotá durante los ochenta y noventa.

La historia de estos bienes es la historia del Estado persiguiendo a la criminalidad durante décadas. Zapata Vásquez murió en 1993 en un operativo en Antioquia, pero su patrimonio ilícito siguió en disputa legal durante años. Construyó un imperio de 62 propiedades valoradas en más de treinta mil millones de pesos de la época, sin un solo crédito bancario. En 2001 la Fiscalía inició investigaciones sobre su origen delictivo. Pasaron veinte años antes de que en 2021 un tribunal de Bogotá emitiera el fallo final que confirmó que todo provenía del tráfico de cocaína. El mecanismo legal que permitió esto se llama extinción de dominio: es la forma en que el Estado recupera bienes de origen criminal sin necesidad de que haya una condena penal previa.

Para la Universidad Pedagógica Nacional, esta entrega resuelve un problema estructural que la afectaba desde hace años. Como lo explicó su rector, Helbert Augusto Choachí, la universidad era "de las universidades más rezagadas en términos de planta física". Estos terrenos, sumados a otra propiedad que la SAE ya había entregado llamada Castillo Marroquín, agregan más de 27 hectáreas a su patrimonio. La institución puede ahora abrir nuevos programas académicos, especialmente en áreas relacionadas con derechos humanos, educación ambiental y ciencias naturales que requieren trabajo en territorio rural, alejado del aula urbana.

El terreno en La Calera tiene un valor adicional: comprende una gran reserva ambiental de más de veinte hectáreas que requiere cuidado. Los nuevos usos académicos incluirían laboratorios vivos para estudiantes de Biología, espacios para la Facultad de Artes en el Castillo Marroquín, y dos museos de Bienestar Universitario. Según la SAE, estos predios funcionarán bajo un plan de trabajo acordado con la rectoría de la universidad.

Desde la Sociedad de Activos Especiales, la presidenta Amelia Pérez Parra subrayó el propósito social de la entrega: "Estamos muy contentos de hacer entrega de este predio que ahora va a servir para las comunidades, especialmente para la formación académica. De esta forma, desde la SAE podemos apoyar la educación pública y a los maestros y maestras que orientan a la juventud para sacar adelante este país". La transformación es más que un simple cambio de propietario: representa cómo el territorio que financió el narcotráfico en la región central ahora financia la educación de futuras generaciones.