Tierralta albergará zona especial para diálogos con el EGC en proceso de Paz Total

Tierralta, en el sur de Córdoba, será sede de una Zona de Ubicación Temporal donde se concentrarían miembros del Ejército Gaitanista de Colombia para negociaciones con el Gobierno. La ubicación exacta permanecerá en secreto por razones de seguridad. El Estado correría con los costos de manutención de los combatientes mientras la Fuerza Pública asumiría la seguridad externa. El anuncio genera tanto expectativa como preocupación en una región históricamente afectada por el conflicto.
En las zonas rurales de Tierralta, en el sur de Córdoba, está tomando forma uno de los capítulos más delicados del proceso de Paz Total impulsado por el Gobierno Nacional. Allí se instalará una Zona de Ubicación Temporal, conocida como ZUT, donde se concentraría a miembros del Ejército Gaitanista de Colombia para avanzar en negociaciones y acuerdos con el Estado. Aunque la ubicación exacta permanecerá bajo reserva, el anuncio ya ha encendido conversaciones en una región que conoce bien el peso del conflicto armado.
Ricardo Andrés Giraldo, abogado que trabaja en el proceso del EGC, confirmó que la ZUT funcionará dentro de un perímetro rural claramente delimitado y bajo condiciones estrictas de control y vigilancia. "No puede ser en zona urbana", explicó el jurista, subrayando que la decisión responde a cuestiones logísticas, jurídicas y de seguridad para que los diálogos avancen sin sobresaltos. El espacio no será una extensión grande de terreno, pero sí tendrá límites precisos que los integrantes del grupo armado no podrán cruzar mientras dure el proceso.
La razón por la cual la ubicación exacta no será revelada es clara: seguridad y confidencialidad entre el EGC y el Gobierno Nacional. Giraldo fue enfático en esto, reconociendo que la discreción es fundamental para que todo funcione como se ha planeado.
Un aspecto que ha generado atención es cómo se financiará todo esto. El Estado se haría cargo de la manutención, cuidado y sostenimiento de los combatientes que lleguen a la zona, mientras que la seguridad externa sería responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública. Esta estrategia es parte de los esfuerzos del Gobierno para desmontar actividades criminales y reducir la violencia en diferentes regiones del país.
Sin embargo, el anuncio también ha revivido preocupaciones legítimas sobre seguridad, control territorial y lo que pasará después. En Tierralta, un municipio que ha vivido décadas bajo la presencia de actores ilegales, los habitantes y líderes sociales ya están buscando respuestas sobre el impacto real que tendrá este proceso en el territorio. Las experiencias del pasado enseñan que procesos similares pueden dejar vacíos de poder o generar nuevas disputas armadas, y ese es el fantasma que recorre las conversaciones en la región.
Fuente original: Chicanoticias
