Thomas Greg & Sons acudió a la Fiscalía para radicar una denuncia penal en contra de Luis Guillermo Pérez, activista y excandidato del Pacto Histórico al Senado. La acusación, presentada por el abogado Mauricio Pava en representación de la compañía, señala que Pérez incurrió en los delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento al promover una campaña de desinformación durante el escrutinio electoral.

Según la denuncia, Pérez difundió en redes sociales más de veinte reportes sobre supuestas irregularidades electorales, realizando llamados públicos para detener el escrutinio nacional y cuestionar la legitimidad de los resultados. Todo esto ocurrió cuando, de acuerdo con los registros, el escrutinio arrojó una coincidencia exacta del 99,997% con el preconteo informativo. Para Thomas Greg & Sons, estas actuaciones contribuyeron a construir una narrativa de fraude que nunca existió y afectaron la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.

La compañía aclaró que fue blanco de acusaciones injustas. Pérez habría señalado tachones en los formularios E-14 como evidencia de fraude, cuando en realidad estos son objeto de reclamación normal dentro del proceso. Thomas Greg & Sons recordó que su rol se limita a labores logísticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría, sin intervención en el conteo ni consolidación de votos. La empresa presentó como prueba publicaciones en redes sociales, entrevistas en medios de comunicación y contenidos audiovisuales difundidos después de la segunda vuelta presidencial.

Pava enfatizó la responsabilidad política de Pérez al afirmar que "Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera (...) fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones (...). Estamos ante una maniobra engañosa con nombre y apellido en el Código Penal".

Thomas Greg & Sons también señaló que las publicaciones generaron afectaciones reputacionales y pusieron en riesgo la seguridad de sus trabajadores e instalaciones. La Misión de Observación Electoral ha reportado que la narrativa de fraude electoral fue una de las desinformaciones más recurrentes en esta campaña. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en abril de este año al presidente Gustavo Petro no emitir afirmaciones sobre fraude electoral sin respaldo alguno.

La denuncia solicita a la Fiscalía investigar, además de los delitos mencionados inicialmente, posibles conductas de injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otros delitos contra los mecanismos de participación democrática. Hasta el momento, Luis Guillermo Pérez no se ha pronunciado públicamente sobre la acción legal en su contra.