La Fiscalía encendió las alarmas esta semana. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó públicamente que un testigo clave en el proceso contra Ricardo Roa ha sido amenazado. Se trata de una situación que ya está siendo monitoreada por el programa de protección de testigos de la entidad. "Tenemos dos situaciones en dos casos distintos. En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado", señaló Camargo. La institución ya activó los protocolos de rigor para evaluar el nivel de riesgo y definir qué tipo de medidas de seguridad necesita esta persona cuya declaración es considerada fundamental.

El expresidente de Ecopetrol lidia simultáneamente con dos procesos judiciales. El primero está vinculado a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la cual Roa fungió como gerente. El segundo, más reciente y que ha generado más ruido, involucra un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá bajo condiciones que la Fiscalía considera irregulares. Aunque la fiscal no especificó a cuál de los dos casos corresponden las amenazas, la investigación del apartamento ha escalado en los últimos días con hechos preocupantes.

Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, la filial de Ecopetrol, denunció ante la Fiscalía que había sido objeto de seguimientos irregulares. El directivo pidió que investigaran quién habría ordenado que su equipo de seguridad entregara información en tiempo real sobre sus movimientos, reuniones y contactos. Rojas incluso entregó un video donde se ve cómo varios hombres interceptan su camioneta y huyen al notar que él no estaba adentro. Según reportó El Tiempo, el nombre de Rojas es central en esta investigación porque supuestamente recibió presiones cuando era presidente de Hocol para favorecer a un empresario cercano a Roa.

La trama que investiga la Fiscalía es compleja. Según los cargos imputados, Roa habría intentado influir para que un proyecto de regasificación llamado Chuchupa-Ballena LNG terminara en manos de una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera. Este último aparece también como intermediario en la compra del apartamento de Roa. La hipótesis fiscal sostiene que hubo un beneficio personal de por medio: Roa compró el apartamento 901 del edificio Entre Parques por 1.800 millones de pesos, cuando su valor comercial rondaba los 2.727 millones. Eso significa un descuento cercano al 34 por ciento, equivalente a unos 927 millones de pesos.

Para los investigadores, ese descuento no fue casualidad sino contraprestación. La Fiscalía sostiene que Roa intentó favorecer a Mancera en la adjudicación de un contrato energético, y que en la operación del apartamento Mancera actuó como intermediario y facilitador del pago, incluso ofreciendo condiciones favorables como cuotas sin intereses. Mientras los dos procesos continúan su curso, el ente investigador avanza en la evaluación de riesgos y la definición de medidas para proteger a quienes colaboran con la justicia, un resguardo que consideran fundamental para que las investigaciones no sufran interferencias.