Cuando la tierra tiembla, lo primero es lo primero: sacar gente de los escombros, atender heridos, buscar desaparecidos. En Venezuela, después de estos terremotos devastadores, ningún debate político, ideológico o académico puede estar por encima del rescate. Pero cuando la tragedia es de esta magnitud, es legítimo preguntarse algo más incómodo: qué significa esto políticamente para el Estado venezolano.

Un antropólogo político reflexiona sobre esto comparando la situación con un análisis que la antropóloga venezolana Paula Vásquez y el antropólogo francés Didier Fassin hicieron sobre la Tragedia de Vargas de 1999. Ese desastre dejó cerca de 30.000 muertos, 330.000 personas afectadas y 250.000 sin vivienda. Las lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones arrasaron comunidades enteras justamente en el estado que hoy vuelve a ser golpeado: La Guaira. Lo peculiar fue que ocurrió el mismo día en que Venezuela votaba una nueva Constitución, convirtiendo el desastre en evento político.

Vásquez y Fassin documentaron algo preocupante: tras la tragedia, el Gobierno militarizó las zonas afectadas. La presencia militar se presentó como rescate, orden y protección. El comandante en turno caminaba entre los escombros, abrazaba a los damnificados y se mostraba como el jefe que acompaña al pueblo en su sufrimiento. La ayuda humanitaria funcionaba en dos niveles: salvaba vidas, sí, pero también producía una imagen del Estado como cercano, necesario y compasivo. El riesgo era real: el dolor colectivo se convertía en legitimidad política.

La advertencia académica es clara: la emergencia no solo suspende la normalidad, también puede reorganizar el poder. Cuando el rescate se confunde con autoridad militar, cuando la protección disfraza el control territorial, el peligro es que la necesidad urgente de ayuda termine autorizando un Gobierno a actuar sin controles, a ocupar territorios y a exigir silencio en nombre de las víctimas. Esto ocurre en muchos lugares del mundo, pero en Venezuela hay algo específico que agrava el riesgo.

El Estado que ahora quiere mostrar su cara compasiva frente a la emergencia es el mismo que destruyó sus propias instituciones, abandonó la infraestructura pública, desvió miles de millones en corrupción y usó cuerpos militares y de inteligencia para cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. Por eso no se puede permitir que esta tragedia le sirva para disfrazarse de Estado eficiente y merecedor de empatía, como si los escombros borraran su responsabilidad histórica.

La vulnerabilidad de la gente también juega un papel. Hay venezolanos que no pueden ni viajar a buscar a sus muertos: algunos tienen pasaportes vencidos, otros sus embajadas están cerradas, muchos no pueden pagar los pasajes. La precariedad de sus trabajos como migrantes no les permite ausentarse ni para hacer duelo. Esa desesperación por estabilidad es comprensible, pero también es el terreno donde pueden arraigarse pequeños cambios de percepción.

Lo que preocupa es lo lento, lo casi imperceptible. No se trata de que la gente abra los brazos de repente. El riesgo es más insidioso: poco a poco, entre discursos de reconstrucción, decisiones administrativas correctas, imágenes de mando efectivo y una necesidad desesperada de que las cosas mejoren, un Gobierno puede comenzar a verse como razonable, compasivo, incluso necesario. Las tragedias tienen ese poder. Y por eso mismo, la memoria es ahora una responsabilidad política.