Las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos se intensificaron tras la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano. El incidente ocurrió el domingo cuando ambos regresaban en un convoy junto con policías locales, después de participar en un operativo para desmantelar seis laboratorios de drogas sintéticas en Chihuahua, en la frontera norte, según informó el fiscal de la zona, César Jáuregui.

Desde Washington la respuesta fue inmediata y firme. Las autoridades estadounidenses exigieron una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables. Además, funcionarios del gobierno de EE. UU. advirtieron que eventos como este ponen en riesgo los acuerdos de cooperación bilateral en temas de seguridad y combate al narcotráfico transnacional.

Sin embargo, el Gobierno mexicano rechazó categóricamente cualquier tipo de intervención externa. La presidenta Claudia Sheinbaum fue directa en su mensaje: "Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. Esto es ley." La mandataria lamentó los hechos pero hizo hincapié en que sus instituciones trabajan para mantener la seguridad y transparencia de las operaciones policiales.

Lo que más molestó al Gobierno mexicano fue que agentes extranjeros participaran sin coordinar directamente con autoridades federales. Sheinbaum enfatizó que "la defensa no sabía que había personas que estaban participando, que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos."