En la Comisión de Acusación se generó un pulso entre la presidenta Gloria Arizabaleta y el representante investigador Wilmer Carrillo a propósito de unificar los expedientes que adelantan contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. La presidenta ordenó conectar y acumular todas las investigaciones con el objetivo de darles mayor velocidad y lograr una decisión antes de que termine el actual período del Congreso.

Carrillo, quien tiene a su cargo uno de los procesos, se plantó frente a esta orden. Argumentó que la medida "carece de sustento competencial" y que constituye una extralimitación de funciones que podría comprometer la validez del trámite. En esencia, el investigador sostiene que aunque Arizabaleta tiene funciones administrativas y de coordinación como presidenta, eso no le permite intervenir en decisiones de fondo en una investigación específica. Dos visiones sobre dónde termina la coordinación y dónde comienza la interferencia.

La negativa de Carrillo a remitir su expediente deja los procesos dispersos, lo que en la práctica podría ralentizar todo. Esto abre una pregunta incómoda: si realmente el interés es avanzar en el caso o si hay motivaciones distintas detrás de cada posición. Lo cierto es que mientras la Comisión se debate a sí misma, el tiempo corre en contra del calendario legislativo.