El recuento de votos para elegir representantes a la Cámara en Bolívar pasó de ser un trámite administrativo a un pulso político y jurídico de alto voltaje. Todo comenzó cuando el Centro Democrático levantó la voz para denunciar presuntas maniobras destinadas a cambiar el resultado en favor de la cuarta curul del Partido Conservador, representada por Alonso del Río. El partido pidió que entraran a vigilar la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y veedurías ciudadanas a los lugares donde se cuentan los votos.

José Ricardo Ardila Pinedo, candidato por el Centro Democrático, fue quien encendió la mecha públicamente. En declaraciones a LA FM aseguró que hay un operativo coordinado en distintos municipios de Bolívar para influir sobre los funcionarios de la Registraduría. Según Ardila, "Hoy están mandando abogados a todas partes del territorio, personas a que alteren los resultados en la Registraduría. Nos estamos defendiendo de eso y voy a hacer la denuncia ante los medios pertinentes porque están orquestando un fraude con todas las comisiones escrutadoras". El candidato dice tener en su poder las actas E-24 que respaldan los números que obtuvo en las urnas.

Pero los abogados del Partido Conservador no se quedaron callados. El equipo legal de Alonso del Río respondió de inmediato con un comunicado donde rechazó categóricamente las acusaciones, considerándolas nada más que un intento de desgastar su candidatura sin ninguna prueba detrás. Advirtieron además que estas declaraciones cuestionan la seriedad de los funcionarios que trabajan en las comisiones de escrutinio. Los apoderados de Del Río fueron directo al punto: "Rechazamos categóricamente estas afirmaciones. El proceso electoral se rige por la ley, no por narrativas mediáticas de desesperación política. Desde el equipo legal se iniciarán las respectivas acciones para defender el buen nombre, dignidad y honra de nuestro representado". La amenaza judicial es seria: anunciaron demandas por calumnia y falsa denuncia.

Mientras las dos campañas se clavan en trincheras legales, la Registraduría y las autoridades electorales continúan revisando los documentos en la sede donde se centraliza el conteo en Bolívar. Hasta el momento en que se publicó esta información, LA FM intentó contactar a las autoridades electorales para que se pronunciaran sobre la veracidad de lo denunciado, pero ningún organismo de control respondió. Lo que sí está claro es que ambas campañas mantienen equipos de abogados atentos a cada cifra, cada acta, cada movimiento que defina quién finalmente ocupará esa curul en el Congreso.