El Parque Tayrona no cerró por lluvia ni por ritual sagrado. Esta vez las puertas se cerraron porque perdimos la seguridad. La Resolución 091 emitida el 17 de febrero por Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre inmediato del área protegida por condiciones de riesgo público. No hay fecha de reapertura anunciada.

Lo que sucedió fue más grave que lo que típicamente mantiene cerrado este patrimonio natural. Según el documento oficial, el parque enfrenta amenazas directas, bloqueos en sus entradas, ingreso irregular de visitantes y un control territorial en disputa. Todo escaló después del 11 de febrero, cuando autoridades ambientales intervinieron el sector de Cañaveral para desmontar construcciones ilegales dentro del área protegida y recolectar evidencia de ocupación indebida y delitos ambientales.

Después de ese operativo comenzaron las intimidaciones. Videos circularon en redes sociales con amenazas directas contra la jefatura del parque, mientras funcionarios reportaron actos intimidatorios en los accesos: personal obligado a quitarse uniformes, restricciones para ingresar y presiones que pusieron en riesgo sus vidas. El procurador Ramón Laborde fue claro al respecto: "En sus palabras aseguran que están apoyado por los de la Sierra. Eso obviamente es un riesgo para los funcionarios que han decidido echarse a un lado para no poner en riesgo sus vidas". Laborde también advirtió que aunque quienes confrontan a los guardaparques son líderes campesinos y comunidad indígena, cada uno estaría respaldado por grupos armados que operan en la región.

El 16 de febrero la situación se tornó insostenible. Desde tempranas horas se registró un bloqueo en la entrada principal de El Zaino por miembros de comunidades locales e indígenas que impidieron el ingreso del personal oficial. Las protestas se extendieron después a los accesos de Calabazo y Neguanje. Además del bloqueo, Parques Nacionales reportó cobros no autorizados a visitantes e ingreso sin los controles que la entidad establece. Ante la pérdida total del control operativo, los funcionarios tuvieron que abandonar las instalaciones.

Pero detrás de los bloqueos hay una frustración más profunda. Comunidades como los kogui, a través de dirigentes como Julián Nolavita, Santiago Nolavita y el mamo José Martín Zalavata, denuncian que Parques Nacionales administra la reserva sin generar beneficios reales para quienes históricamente han vivido ahí. Estos líderes califican la gestión de abusiva y exigen participación en un modelo de turismo comunitario que genere ingresos locales, restauración ambiental y protección de ecosistemas como manglares y arrecifes. También piden rendición de cuentas sobre la gestión del Tayrona en la última década.

El parque permanecerá cerrado hasta que la Oficina de Gestión del Riesgo certifique la recuperación de condiciones de seguridad y gobernanza. Parques Nacionales convocó al Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta y autoridades indígenas para intentar recuperar el control institucional. La realidad es que sin seguridad, no hay turismo posible en uno de los destinos más emblemáticos de Colombia.