El Tayrona, ese paraíso natural que durante años ha sido orgullo de Colombia y motor turístico del Magdalena, está atravesando una crisis sin precedentes en tiempos recientes. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la demolición de una construcción turística se transformó en una pugna abierta por el control del territorio, con amenazas, ocupación de infraestructuras y un clima de seguridad tan deteriorado que Parques Nacionales Naturales estudia seriamente cerrar completamente el acceso a esta área protegida.

El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Ramón Laborde, confirmó la gravedad de la situación: "Se presentó una situación de fuerza contra funcionarios del parque. Algunos líderes intentaron suplantar la autoridad y tomar la taquilla para recaudar el ingreso de visitantes. Esto es muy grave". Según las autoridades, miembros de la Junta de Acción Comunal del Zaino habrían intimidado a funcionarios, afirmando recibir órdenes de "la gente de arriba", frase que ha encendido alarmas sobre posible participación de estructuras armadas detrás del conflicto.

El origen del conflicto se remonta a la demolición de una infraestructura turística construida por líderes comunitarios bajo la figura de economía comunitaria. Desde ese operativo, las tensiones no han cesado. Lo preocupante es que videos posteriores mostraron turistas circulando por caminos inundados después de que, presuntamente, la Junta de Acción Comunal tomara la taquilla y permitiera ingresos sin control, contraviniendo un cierre preventivo que las autoridades habían decretado por daños causados por el frente frío.

Desde la perspectiva de las comunidades indígenas y campesinas, el problema es de fondo. Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Zaino, sostiene que la infraestructura demolida había sido informada al Ministerio de Ambiente y representaba una inversión millonaria para fortalecer el turismo comunitario. Líderes como Julián Nolavita, Santiago Nolavita y el mamo kogui José Martín Zalavata calificaron la demolición como un atropello de autoridad. Las comunidades reclaman participación real en la administración del parque, rendición de cuentas sobre su gestión en la última década y, sobre todo, que los beneficios económicos generados por el Tayrona lleguen a quienes históricamente han habitado ese territorio.

Lo que más preocupa a las autoridades es que algunos voceros indígenas han elevado el tono de las demandas hasta terrenos peligrosos. El mamo José Martín Zalavata declaró que están dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias" y mencionó públicamente la posibilidad de represalias violentas contra quienes intenten desalojarlos. Para el procurador Laborde, esto trasciende un simple conflicto social: "Hay amenazas de grupos ilegales que parecen estar auspiciando esta situación, lo que implica un riesgo real para quienes administran el parque". La hipótesis oficial sugiere que actores armados podrían estar utilizando el discurso de reivindicación comunitaria para posicionarse en futuras rentas turísticas del parque.

Subyacente a todo esto existe un debate económico legítimo que ha dormido durante años. El Tayrona recibió más de 818 mil visitantes en 2025 y genera entre 350 y 400 millones de pesos diarios solo en boletería, con ingresos anuales estimados entre 28 mil y 40 mil millones de pesos. Agregue a eso una derrama económica cercana a 120 mil millones de pesos anuales en turismo para Santa Marta y su zona de influencia. Sin embargo, esos recursos ingresan al sistema ambiental nacional y no permanecen directamente en la región. Para muchas comunidades locales, es una contradicción insoportable: un territorio que produce riqueza mientras las poblaciones vecinas siguen enfrentando necesidades básicas en vías, servicios públicos y seguridad.

La decisión sobre el cierre total del Tayrona recae ahora en Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, mientras avanzan verificaciones judicales para establecer posibles delitos de intimidación, ocupación ilegal y suplantación de funciones públicas. Lo único cierto es que uno de los motores turísticos más importantes de Colombia está hoy en su punto más frágil, atrapado en una disputa donde conviven reclamos legítimos de comunidades históricamente excluidas con amenazas que trascienden lo social.