En Taganga crece la inquietud. La Junta de Acción Comunal del corregimiento santamartense dirigió un llamado urgente al Concejo Distrital y a las autoridades nacionales pidiendo que garanticen la seguridad jurídica de quienes viven y trabajan en el territorio. Aunque reconocen y respetan los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, consideran que también deben protegerse los derechos de cientos de familias que durante décadas han construido sus vidas allí con buena fe.

La incertidumbre comenzó a crecer tras el reconocimiento de un cabildo indígena en 2020. Según la comunidad, hay iniciativas basadas en documentos históricos como la Escritura Colectiva de 1873, el Decreto 2164 de 1995 y disposiciones sobre la Línea Negra, que podrían tener implicaciones serias sobre predios, viviendas, establecimientos comerciales y proyectos turísticos de la zona. Lilybell Cantillo Cantillo, integrante de la comunidad, explicó a EL INFORMADOR que algunos habitantes temen que las reclamaciones territoriales podrían afectar la permanencia de familias que llevan generaciones viviendo en Taganga.

El pronunciamiento público de la Junta incluyó solicitudes concretas: que las autoridades socialicen los estudios históricos, jurídicos, antropológicos y técnicos que sustentan cualquier proceso de reconocimiento territorial, para brindar información clara y evitar que los rumores generen conflictos. También pidieron participación ciudadana real en estas decisiones, considerando que ninguna debería adoptarse sin la presencia de la organización comunal y de los distintos sectores sociales y productivos del corregimiento.

A nivel institucional, la comunidad solicitó una sesión especial de control político sobre la situación territorial de Taganga y la creación de una Mesa Técnica de Diálogo con participación del Concejo Distrital, la Alcaldía de Santa Marta, representantes de la Junta de Acción Comunal, gremios hoteleros y comerciales, pescadores, comunidad residente, representantes indígenas y entidades nacionales competentes.

Cantillo Cantillo dejó claro que la comunidad busca equilibrio: "no pretende desconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino que existe un equilibrio entre esos derechos y los de quienes poseen propiedades o desarrollan actividades económicas en el territorio". Anunciaron una marcha ciudadana para visibilizar la situación y solicitar al Gobierno Nacional una revisión de las decisiones sobre reconocimiento de territorios colectivos, considerando que podrían generar consecuencias jurídicas para poblaciones asentadas desde hace décadas.

La Junta de Acción Comunal reiteró que su objetivo no es generar confrontaciones, sino promover un proceso de diálogo institucional que brinde seguridad jurídica, transparencia y garantías para todos los sectores involucrados. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades.