Las versiones son múltiples en los pasillos del Gobierno sobre el movimiento que buscaba suspender al presidente Gustavo Petro. Según lo que manejan en la administración, detrás de la acción habría estado el abogado Holman Ibáñez, cercano a Gloria Arizabaleta. Quienes sostienen esta lectura sugieren que fue una jugada calculada: "suspenderle su investidura de presidente" precisamente cuando se encontraba en territorio estadounidense para obstaculizar sus funciones en el extranjero o dejarlo sin protección legal en suelo norteamericano. La pregunta que varios se hacen es por qué ocurrió en ese momento específico. Otros, en cambio, consideran que pudo tratarse simplemente de un movimiento para dejar constancia de una posición política antes de culminar una actuación en el Congreso.

En un frente diferente, la vigilancia privada está en pie de guerra contra un proyecto de decreto que fija nuevas tarifas mínimas para estos servicios. Las asociaciones del sector denuncian que lejos de fortalecerlo, abre puertas a riesgos que lo pueden debilitar desde adentro. El problema medular es que la tarifa propuesta no alcanza a cubrir los costos reales de operación en un momento en que las obligaciones laborales y regulatorias van en aumento. Además, el documento presenta deficiencias graves: carece de estudios técnicos sólidos, no incluye un Análisis de Impacto Normativo y omite efectos críticos sobre la competencia, la formalidad y la viabilidad económica de las empresas. En la práctica, reconoce solo una parte del aumento real de costos que trajeron las recientes reformas laborales, dejando el resto a cargo de las compañías.

Las consecuencias prácticas son preocupantes. Una tarifa insuficiente termina incentivando la informalidad, volviendo más atractivo el trabajo clandestino. También impulsa esquemas de tercerización que deterioran las condiciones de los vigilantes. El resultado final es un servicio de menor calidad y mayores riesgos para quienes contratan. A esto se suma un cambio de metodología que rompe el vínculo entre parte de la tarifa y el salario mínimo, lo que genera una pérdida progresiva del valor real del servicio. Esto mina la capacidad de las empresas para invertir en tecnología, entrenamiento y supervisión, aspectos clave para responder a los desafíos actuales en seguridad.

En otro tema, los sindicatos de Colpensiones están pidiendo al próximo Gobierno que, apenas llegue, ordene una auditoría forense sobre los gastos de la entidad. Según ellos, hay indicios de posible malgasto de recursos. También solicitan que se designe un equipo nuevo que tome el control de la entidad y garantice que no se pierdan documentos que pudieran comprobar esos malos manejos. La preocupación en las bases es considerable.