El reloj corre para los comicios presidenciales del 31 de mayo, pero en el sur del país la preocupación no es solo electoral. Cauca, Nariño y Valle del Cauca están envueltos en una ola de violencia que crece cada día: enfrentamientos armados, ataques de grupos ilegales y luchas por el territorio tienen a estas regiones al borde del colapso.

Lo más grave ocurrió en Silvia, municipio del Cauca, donde enfrentamientos entre comunidades indígenas dejaron al menos siete muertos y más de cien personas heridas. Líderes indígenas denunciaron que la crisis empeora por la ausencia del Estado como mediador y por disputas históricas alrededor de las tierras ancestrales que nunca se han resuelto.

Pero Silvia no es el único punto de alarma. En el suroccidente del país, disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales realizan ataques con artefactos explosivos y operaciones cada vez más audaces. En Jamundí, la situación fue tan seria que tuvieron que cancelar las clases presenciales después de ataques con drones.

Expertos en conflicto advierte n que el Estado ha perdido control en estas zonas históricamente vulnerables, y que los fallos en la política de paz total han dejado el camino abierto para que grupos ilegales se fortalezcan. Es un círculo vicioso: menos presencia estatal, más poder para los violentos.

Con las elecciones a la puerta, la preocupación por la seguridad electoral es enorme. Según la Misión de Observación Electoral, más de 380 municipios en todo el país enfrentan algún riesgo de violencia, particularmente donde hay presencia o disputa entre estructuras armadas ilegales. El sur del país está entre los puntos críticos de esta radiografía electoral.