Un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar abrió la puerta para que Coosalud EPS regrese a manos de su cooperativa administradora. La Superintendencia de la Economía Solidaria acató la sentencia y ordenó la restitución, pero aquí comienza el enredo burocrático que tiene frenado el proceso.

El problema es que mientras una entidad ordena devolver la EPS, otra sigue teniéndola bajo su control. La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la supervisión de Coosalud, lo que ha creado un conflicto institucional que impide que la transición sea efectiva. Es como tener dos capitanes en el mismo barco sin ponerse de acuerdo sobre quién manda.

La Supersolidaria se ha colocado en el papel de garante durante este cambio, asegurando que su misión es proteger el patrimonio de la cooperativa y hacer que todo se haga correctamente. El plan incluye convocar una Asamblea General de Accionistas para elegir una nueva junta directiva en la que Coosalud tendría el control como accionista mayoritaria. Pero nada de esto ha avanzado porque la Supersalud pidió al tribunal que aclare varios puntos: cómo y cuándo exactamente se hace la entrega, quién representa legalmente a la entidad. Esas preguntas sin respuesta mantienen todo congelado.

El choque entre supervisores ha puesto al presidente Gustavo Petro en la conversación. El mandatario ha cuestionado varias decisiones relacionadas con el caso, lo que ha caldea el ambiente político alrededor de qué pasará con esta EPS.

Conviene recordar que Coosalud llegó a la intervención por sospechas de irregularidades administrativas y financieras. Mientras estuvo bajo supervisión, aumentaron las quejas de usuarios y se deterioraron los indicadores operativos. Pese a toda esta complicación institucional, las autoridades repiten el mismo mensaje: el objetivo es que los más de 3 millones de afiliados sigan recibiendo servicio sin interrupciones.