Después de meses de disputa legal, la Superintendencia Nacional de Salud recuperó el manejo directo de Coosalud EPS. El cambio se hizo oficial el 28 de mayo de 2026 cuando el superintendente Daniel Quintero Calle firmó la Resolución 2026320030006232-6, respaldado por el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que el 20 de mayo ordenó el regreso inmediato del control estatal a la entidad que atiende a millones de personas, principalmente en la región Caribe.

La historia de Coosalud ha sido turbulenta. Todo comenzó el 22 de noviembre de 2024 cuando Supersalud ordenó tomar posesión forzosa de la EPS por presuntas fallas graves en la prestación de servicios y problemas administrativos y financieros. La medida se extendió hasta noviembre de 2026 después de que en noviembre de 2025 los problemas persistieran. Pero en abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar sorprendió al suspender la intervención temporalmente y ordenar devolver la administración a particulares. Esa decisión duró poco: apenas un mes después fue revocada.

Luis Fernando Pupo Padrón, quien ya trabajaba dentro de Coosalud, asumió como nuevo interventor sustituto temporal después de que Jorge Orlando Suárez Burgos dejara el cargo. Pupo tendrá la responsabilidad de pilotar la transición y ejecutar las acciones administrativas, financieras y técnicas que sean necesarias para garantizar que los servicios de salud continúen sin interrupciones y se corrijan los problemas que detectaron los organismos de control.

La Superintendencia tiene diez días hábiles a partir de cuando reciba formalmente la administración para implementar medidas urgentes que ataquen de raíz los problemas estructurales que provocaron la intervención inicial. Gladys Séfora de las Mercedes Asprilla Coronado continúa como contralora de la medida, encargada de vigilar que los recursos públicos destinados a la salud se manejen con transparencia.

Para reforzar la vigilancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar también le encargó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República hacer un acompañamiento especial y permanente al proceso, con el objetivo de proteger los dineros públicos y garantizar que todo se maneje con moralidad administrativa. La resolución ya está en firme y no cabe recurso alguno, lo que significa que entra en vigor de inmediato.