La Superintendencia Nacional de Salud no está dispuesta a esperar más. Acaba de emitir un nuevo requerimiento a Nueva EPS para que entregue sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, todos debidamente certificados, dictaminados y aprobados. El plazo se vence el próximo 6 de julio de 2026 y ya dejaron claro: no hay prórrogas.

El problema es que Nueva EPS lleva meses en incumplimiento. Desde abril de 2025 hasta febrero de 2026, la Superintendencia ya le había hecho cinco requerimientos formales sin que la EPS acreditara el cumplimiento total. Mientras tanto, la entidad permanece bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, lo que debería obligarla a mantener su información financiera al día para poder evaluar su situación real.

Lo que preocupa a las autoridades de salud es que Nueva EPS atiende al mayor número de afiliados del país, y sin estos reportes financieros es imposible saber cómo está de verdad su liquidez, su nivel de endeudamiento y su capacidad para responder por los compromisos con los usuarios. La Superintendencia señaló que esta información es fundamental para conocer la situación financiera real de la entidad y establecer cifras concretas sobre sus finanzas.

Los reportes también servirán como base para que el próximo gobierno pueda tomar decisiones sobre la continuidad administrativa de la EPS. Mientras tanto, la ausencia de estos datos limita las labores de vigilancia y control, además de dificultar el seguimiento a las medidas de recuperación que se adoptaron dentro de la intervención. Sin transparencia financiera, es difícil saber si la EPS está en el camino correcto hacia su recuperación o si los problemas van en aumento.