La Superintendencia Nacional de Salud sacó a consulta pública uno de los proyectos normativos más duros de los últimos tiempos en defensa de los usuarios del sistema de salud. Se trata de una circular pensada exclusivamente para proteger a los niños y adolescentes de Colombia, obligando a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a que actúen rápido y sin demora cada vez que una barrera administrativa ponga en riesgo la atención.

El proyecto es bastante ambicioso. Las EPS tendrán un máximo de ocho horas para resolver los casos que se clasifiquen como riesgo vital. Es decir, los reclamos de los menores que requieren atención inmediata no pueden quedar en espera. Si una aseguradora incumple este plazo, deberá enviar un informe a la Supersalud explicando qué pasó e identificando con nombre y apellido a los funcionarios o contratistas que causaron el retraso. Esta responsabilidad personal apunta directo al problema: que alguien tiene que responder por las demoras.

Pero hay más. Las EPS también deberán coordinarse de manera efectiva y permanente con sus redes de clínicas, hospitales y proveedores para que los niños y jóvenes afiliados no tengan que tramitar autorizaciones adicionales. La idea es que la aseguradora represente directamente a los menores ante la red de servicios, dejando a las familias fuera del medio de esos trámites complicados que a veces se eternizan.

La medida no se queda solo en las emergencias. El proyecto también establece reglas para fortalecer el seguimiento de menores con enfermedades crónicas y complejas. Las EPS tendrán que mantener bases de datos priorizadas y hacer contactos y auditorías mensuales para verificar que los servicios continúen sin interrupciones. Esto aplica especialmente para niños diagnosticados con cáncer, hemofilia, enfermedades huérfanas y raras, pacientes en lista de espera o ya trasplantados, y quienes padecen patologías crónicas de alto costo.

En el fondo, la iniciativa busca acabar con las barreras administrativas que hacen que los medicamentos y tratamientos se demoren innecesariamente. Ahora falta que el país termine de revisar la propuesta y que se implemente con la firmeza necesaria para que de verdad funcione.