El pasado 18 de febrero, la Supersalud anunció que inició una auditoría contra Nueva EPS para investigar la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa con inhibidores. El menor falleció el 13 de febrero en Bogotá, y la investigación buscará esclarecer si hubo barreras administrativas o fallas en la entrega de medicamentos que pudieron incidir en su fallecimiento.

La auditoría revisará varios aspectos fundamentales del caso. En primer lugar, evaluará si la familia enfrentó obstáculos para acceder al tratamiento profiláctico. En segundo lugar, analizará la entrega del medicamento Emicizumab por parte de Nueva EPS y los prestadores de servicios que atendían al menor. Y en tercero, verificará si se cumplieron los protocolos vigentes para pacientes con enfermedades complejas como la hemofilia. Si se encuentran irregularidades, la Supersalud podría imponer sanciones administrativas y multas contra los responsables.

Según denuncias de la familia, Kevin no recibió su medicamento profiláctico durante aproximadamente dos meses antes de su muerte. Este medicamento, de alto costo, se suministra cada 28 días y es crucial para reducir el riesgo de hemorragias en pacientes con hemofilia severa. La familia señala que la suspensión comenzó en diciembre de 2025 y atribuye el problema a fallas en la gestión entre la EPS y la red de prestadores.

El 8 de febrero, Kevin sufrió un accidente mientras montaba bicicleta que le causó un trauma craneoencefálico severo. Desde Nueva EPS argumentan que esta fue la causa determinante de la muerte, no la interrupción del tratamiento. Aseguran que Kevin recibió su última dosis en diciembre de 2025 y que la siguiente estaba programada para enero de 2026, pero que un cambio de municipio solicitado por la madre generó el retraso. Sin embargo, la madre del menor ha señalado que la falta de medicamento también impidió que se realizaran procedimientos médicos seguros, puesto que sin el tratamiento profiláctico el riesgo de hemorragia aumenta considerablemente.

La Fiscalía General también abrió una averiguación paralela para determinar si hubo responsabilidad penal o administrativa de Nueva EPS. Un fiscal de la Unidad de Vida está recopilando documentación médica, historia clínica e informe de necropsia para evaluar posibles delitos.

El caso ha reabierto un debate crucial en Colombia sobre el acceso a medicamentos de alto costo en el sistema de salud y la capacidad de las EPS para garantizar su entrega oportuna. Defensores de derechos, asociaciones de pacientes y diversos sectores de la opinión pública advierten que la falta de acceso a estos tratamientos no solo deteriora la calidad de vida de pacientes con hemofilia, sino que puede resultar en consecuencias graves e irreversibles.