La Superintendencia de Salud tuvo que salir corriendo a intentar apagar el incendio que encendió el presidente Gustavo Petro en el sistema de salud cuando anunció que liquidaría las EPS "quebradas". Por medio de un comunicado, la superintendencia buscó matizar y aclarar lo que dijo el mandatario, consciente del caos que sus palabras estaban generando.

En el Consejo de Ministros televisado del 16 de marzo, Petro había sido contundente: "las EPS, Ministro de Hacienda y Ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativa, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato". El presidente también fue tajante al argumentar que "sería un suicidio" para el país "sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS".

Desde la superintendencia intentaron tranquilizar a todos los actores del sistema. Aseguraron que cualquier decisión que tomen tendrá como objetivo principal "preservar la estabilidad del sistema sanitario y garantizar la continuidad en la prestación de servicios". También dijeron que seguirán evaluando que las aseguradoras cumplan con sus condiciones técnicas, financieras y jurídicas, incluyendo revisar el riesgo sistémico que representan.

El comunicado fue bastante específico al mandar mensajes a cada sector. A hospitales, clínicas, operadores logísticos y gestores farmacéuticos les pidieron que "continúen garantizando la oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de tecnologías en salud, sin dilaciones ni interrupciones". A las propias EPS les exigieron "continuar cumpliendo estrictamente el rol que les corresponde dentro del aseguramiento, conforme a lo previsto en la normatividad vigente" y asegurar "la adecuada gestión del riesgo en salud y el flujo de los recursos".

Sin embargo, los expertos advierten que el daño ya está hecho. El exministro de Salud Alejandro Gaviria, en un análisis consultado por EL COLOMBIANO, explicó el problema real: cuando hay "incertidumbre y falta de confianza, los hospitales y las clínicas temen que, si a las EPS las van a liquidar, no les paguen y no sigan los convenios, con lo cual empiecen a pedir anticipos y a incrementarse los problemas de atención. Cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente". Es decir, el solo anuncio del presidente está generando una reacción en cadena que afecta directamente la atención a los pacientes, independientemente de si esas medidas se implementan o no.