La Nueva EPS tiene los días contados para mostrar sus cartas. La Superintendencia Nacional de Salud acaba de darle un ultimátum a la aseguradora más grande del país, con más de 11 millones de usuarios, para que publique sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025. El plazo es el 6 de julio y, según el comunicado oficial, no hay margen para negociar: tiene carácter perentorio e improrrogable.

La orden llega en un momento delicado para la entidad. Desde abril de 2024 se encuentra bajo intervención del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y al cierre de 2025 cargaba una deuda de más de 26 billones de pesos con diferentes actores del sistema de salud. En Antioquia, donde el impacto es particularmente fuerte, esa cifra alcanza los 4,6 billones. Los números hablan solos: la Nueva EPS tiene serios problemas de liquidez y solvencia, información que debe ser pública precisamente porque maneja recursos públicos y atiende a millones de colombianos.

Lo preocupante es que la Nueva EPS no ha presentado estos estados financieros a pesar de estar intervenida, lo que la obliga legalmente a reportar esta información. La Supersalud ha sido clara: esta documentación es "esencial para verificar su situación de liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia". Sin embargo, el silencio persiste. De no cumplir, la aseguradora enfrenta sanciones administrativas severas: multas o incluso la revocatoria de su licencia de funcionamiento, según establece la Ley 1438.

La presión sobre Nueva EPS se intensifica porque hace apenas una semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también ordenó la publicación de esos mismos estados financieros, aunque con un plazo más generoso de tres meses. El tribunal concluyó que la entidad ha incumplido sus obligaciones legales de transparencia. Esta sentencia de primera instancia fue resultado de una acción promovida por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe). Andrés Caro, director de esa fundación, fue enfático: "Esta decisión reafirma que las obligaciones de transparencia deben cumplirse sin excepción. La información financiera de una entidad que administra recursos públicos y presta servicios de salud a millones de colombianos debe ser pública. Esa transparencia es indispensable para fortalecer el control institucional y el escrutnio ciudadano".

Pero los problemas de la Nueva EPS van más allá de la falta de transparencia. La Procuraduría está investigando irregularidades en cómo el Gobierno ejecutó la intervención misma. El proceso formal comenzó el 10 de abril de 2024, pero hay señalamientos sobre la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de conceptos especializados que sustentaran la medida, y omisión de información clave.

Sumado a esto, existe cuestionamiento sobre quién fue nombrado como interventor: Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali, quien es considerado uno de los principales aliados políticos del presidente Petro. Funcionarios han argumentado que Ospina no cumple el perfil requerido por la normativa: le faltan los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, así como los dos años adicionales de experiencia que exige la ley para asumir un cargo de esta envergadura.