La Superintendencia Nacional de Salud acató formalmente la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó suspender provisionalmente la intervención en Coosalud EPS. El superintendente (e), Jaime Hernán Urrego, anunció que ya se está organizando todo para entregar la empresa de forma ordenada a quien corresponda, aunque el proceso judicial aún continúa en movimiento.

Para garantizar que esta entrega sea completa y responsable, Urrego explicó que convocó una reunión con varios organismos importantes: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el agente interventor actual y su equipo técnico. El objetivo es "realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda", según las palabras del funcionario.

Sin embargo, la situación no está resuelta del todo. La Superintendencia también presentó un recurso de aclaración ante el tribunal para que especifique exactamente quién será la persona o entidad encargada de recibir a Coosalud. Además, Urrego dejó claro que su despacho presentó una apelación al fallo, lo que significa que seguirá buscando revertir la decisión judicial. "Se ha dedicado también una apelación como corresponde el derecho en relación con este auto que hemos recibido desde el 14 de abril", afirmó.

El fallo del tribunal surgió de una acción popular presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S. (Multiservicios OL) y dos ciudadanos, Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González. Ellos argumentaron que "la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud".

El tribunal, en su decisión, fue claro: la intervención que comenzó hace años no ha cumplido su propósito. En el fallo se lee que "la prolongación de la medida administrativa no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados, y el goce efectivo del derecho a la salud", razón por la cual determinó intervenir mediante esta medida cautela. A pesar de todo, Urrego insistió en que lo principal sigue siendo "la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados a la EPS".