En los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia de Notariado y Registro se sumó a la lista de entidades que serán examinadas por nombramientos realizados contrarreloj. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que en medio del proceso de transición, esta dependencia adscrita al Ministerio de Justicia ha estado firmando decretos de nombramiento para notarios en diferentes regiones del país, además de preparar un contrato cercano a los 20 mil millones de pesos para infraestructura tecnológica.

Según la investigación del diario capitalino, se han identificado al menos diez decretos recientes firmados por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Entre los designados figuran Sandra Lucía Hincapié Galindo, Demieman Davet Patiño Sánchez en la Notaría Cuarta de Cúcuta, Yeny Paola Garzón Reyes en la Notaría 37 de Bogotá y Erika Andrea Macías Cárdenas en la Notaría 38 capitalina. De acuerdo con la investigación, estas personas tendrían vínculos políticos con sectores cercanos al gobierno que se va. También se conoció sobre la creación de una nueva notaría de primera categoría en Bogotá, la número 82, ubicada en San Victorino, al sur de la ciudad.

Paralelamente, El Tiempo reportó un eventual contrato por aproximadamente 19.439 millones de pesos para la adquisición, renovación e integración de infraestructura tecnológica y servicios de consultoría. Hasta el momento, este proceso aún no aparece registrado en la plataforma Secop, donde deben constar los procesos de contratación estatal.

Frente a los cuestionamientos, el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, respondió que los nombramientos responden a "la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público notarial y que fueron realizados conforme a los requisitos legales". Sobre el contrato tecnológico, explicó que actualmente se adelanta un estudio de mercado para identificar proveedores, precios y condiciones técnicas, y que aún no existe un proceso contractual formal abierto.

Las fuentes cercanas al empalme entre gobiernos indicaron que tanto los nombramientos como el eventual contrato serán revisados durante el proceso de transición que inició formalmente este jueves. Se trata de verificar que los procedimientos se hayan ajustado a la normativa vigente en cada caso.