La Superintendencia de Industria y Comercio no aguantó más. Tras detectar que Movistar sistemáticamente obstaculizaba a sus clientes para cambiarse a otros operadores, decidió castigar a la empresa con una multa que supera los 4.600 millones de pesos. La infracción: no entregar el NIP, ese código de seguridad que funciona como la llave para que un usuario pueda migrar a otra compañía telefónica sin perder su número.

El problema es más serio de lo que parece a primera vista. Sin ese NIP, el proceso de cambio de operador simplemente se paraliza. Es como si le pidieran a un cliente que cruce una puerta pero le negaran el acceso sin explicar por qué. De esa forma, el derecho fundamental de los usuarios a elegir libremente qué empresa los atiende quedaba vulnerado. Cualquiera que haya intentado cambiar de operador sabe lo tedioso que es el trámite, imagínese si además le ponen trabas injustificadas.

Lo que agrava más la situación es que esta no fue sorpresa para Movistar. La SIC ya les había advertido con anterioridad que corrigieran estas prácticas. Sin embargo, la empresa nunca mostró haber implementado los cambios necesarios. Es decir, recibieron la amonestación y simplemente la ignoraron.

Eso sí, Movistar no se queda sin opciones. Puede interponer un recurso de apelación para intentar que tumben la multa o al menos lograr reducirla. Veremos si esta vez sí ponen manos a la obra o si vuelven a hacer caso omiso.