La Superintendencia de Economía Solidaria salió a explicar públicamente qué pasó con Asomuffaa, la mutual que según denuncias en el Congreso dejó a miles de familias colombianas sin sus ahorros de toda la vida. La entidad aseguró que desde el primer momento actuó dentro de la ley y tomó medidas para proteger el dinero de los asociados.

La representante Jennifer Pedraza había señalado en el Congreso que la situación era grave. Según ella, "se perdieron cerca de 168.000 millones de pesos de los ahorros de 4.800 familias". Pedraza explicó que Asomuffaa captaba esos ahorros de forma legal, tenía vigilancia de la Supersolidaria y ofrecía tasas competitivas, pero en marzo de 2025 las familias perdieron todo sin recibir respuesta de las autoridades.

Ante esto, la superintendente María José Navarro emitió un comunicado detallando el proceso. Según el escrito, desde 2023 la entidad identificó irregularidades administrativas y financieras que las llevaron a intervenir la mutual. La Superintendencia aseguró que "desde la identificación de las primeras señales de riesgo, la entidad actuó de manera progresiva, técnica y documentada".

El documento detalló que en junio de 2024 se encendieron las alarmas cuando las inversiones superaron los 100 mil millones de pesos, cifra que no concordaba con lo reportado. Esto llevó a solicitar explicaciones a la revisoría fiscal. Posteriormente, en septiembre, se hicieron nuevos requerimientos. Entre octubre y mediados de ese mes, durante una segunda inspección, encontraron que era difícil verificar dónde estaba invertido el dinero, había concentración excesiva de recursos y problemas de liquidez.

Por eso el 22 de octubre de 2024 se ordenó suspender la captación de recursos. El 25 de noviembre se ratificó la medida, se pidió un plan para devolver el capital y se suspendieron los rendimientos. La Superintendencia explicó que todas estas decisiones "fueron adoptadas dentro del marco legal, de manera técnica, continua y oportuna".

El caso avanzó en la ruta legal. El 27 de diciembre de 2024 fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación por posibles implicaciones penales. Luego, el 10 de abril de 2025, tras una mesa de trabajo para definir competencias, pasó a manos de la Superintendencia de Sociedades, que ahora investiga para establecer responsabilidades.