Un golpe contundente recibió el sector de seguridad privada en el país. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió 31 licencias de funcionamiento tras descubrir que empresas legalmente constituidas estaban siendo utilizadas como fachada para actividades criminales. Según la entidad, se encontró un patrón claro donde estas compañías ponían su personal y armamento al servicio de estructuras ilegales.

El comunicado de la Superintendencia fue claro en sus hallazgos: "En el marco de investigaciones judicales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales". Un descubrimiento que confirma lo que muchos sospechaban: la infiltración criminal no conoce de límites cuando se trata de buscar fachadas legales.

En Medellín, la medida golpeó a cuatro empresas del ramo, entre ellas WS Security. Los abogados de esta compañía, Anstrongh Polanía y César Arango, salieron rápidamente a rechazar la decisión. Polanía fue directo: "Es una irresponsabilidad salir a decir que están vinculadas con actos criminales cuando ni siquiera hay empresas que han salido a ejercer su objeto misional". Por su parte, Arango anunció que recopilarán información para exigir una rectificación a la Superintendencia.

La posición del sector es interesante. La Federación de Seguridad respalda las sanciones contra empresas ilegales, pero reclama que el control sea equitativo. Raquel Garavito, presidenta de la federación, fue enfática: "Por supuesto apoyamos que sancionen empresas ilegales apoyamos que la cierren que haya todos los controles pero lo que no puede ser es que se estigmatice un sector que opera en la formalidad". El punto es válido: mientras se cierran empresas formales infiltradas, muchos operadores informales siguen funcionando sin licencia ni supervisión estatal.

La Superintendencia no se detiene aquí. Anunció que ocho empresas adicionales enfrentarán sanciones próximamente como resultado de estas mismas investigaciones por presunta infiltración criminal.