La Superintendencia Financiera tomó la determinación de abrir investigaciones por los recursos que están siendo trasladados desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones. El movimiento ha generado una polémica considerable, especialmente porque hay dineros que, según el Gobierno, no han llegado al régimen público de pensiones como debería ocurrir.

Las investigaciones se concentran en los casos de afiliados que decidieron pasarse del sistema privado al régimen de prima media y que ya tienen consolidado su derecho a pensión. Según la Superfinanciera, la cantidad total de recursos en cuestión suma $8,7 billones, dinero que corresponde a 32.803 afiliados que ya cumplieron con los requisitos pensionales. De ese grupo, 24.331 personas ya están recibiendo su mensualidad pagada por Colpensiones.

El anuncio de estas investigaciones llega después de que Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, presentara ante el Consejo de Ministros su preocupación sobre el asunto. Dussán menciona cifras más altas: habla de más de $27 billones y aproximadamente 109.000 afiliados que tendrían derecho a que sus fondos sean trasladados. Esta diferencia en las cifras muestra la brecha entre lo que reclama Colpensiones y lo que actualmente está verificado.

El panorama se complica porque el Decreto 415 de 2026, que el Gobierno expidió para regular cómo debería hacerse este traslado de recursos, está suspendido. El Consejo de Estado tomó esta decisión mediante autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026. Sobre esto, Dussán fue claro: "El decreto 415 tenía el propósito no de decir que ellos nos tenían que entregar los dineros, porque eso lo dice el artículo 76 de la ley y lo dice la Ley 100. Lo que facilitó el decreto es para que los fondos privados de pensiones que nos han dicho que no tenían la plata en efectivo lo pudiéramos hacer a través de los bonos".

Según Dussán, el Gobierno creó un fondo especial llamado Fondo 415 en la Fiduprevisora para recibir esos recursos. Aunque aseguró que había un acuerdo con los representantes del sector privado para entregar el dinero, poco después llegó otra decisión judicial que volvió a suspender el decreto. El presidente de Colpensiones también rechazó las preocupaciones sobre si este traslado podría generar una crisis en el mercado financiero.

Lo que está claro es que Colpensiones continuará pagando las mesadas de quienes ya tienen su pensión reconocida. Dussán fue enfático al respecto: "Le damos tranquilidad a los colombianos y colombianas. Las 24 mil personas y más que están pensionadas y las que llegarán antes de finalizar junio a 32 mil, les vamos a pagar su mesada como lo estamos haciendo en este momento".

La Superfinanciera, por su parte, indicó que sus investigaciones le permitirán tomar las decisiones legales correspondientes para proteger los derechos de los consumidores financieros y mantener la estabilidad del sistema. El caso sigue abierto y mantiene en tensión a varias instituciones: el Gobierno, los fondos privados, los juzgados y la entidad supervisora, mientras miles de colombianos esperan claridad sobre sus recursos de pensión.