La Superintendencia Financiera no se quedó con los brazos cruzados y decidió abrir investigaciones contra los fondos privados de pensiones por los retrasos en trasladar dinero hacia Colpensiones, siguiendo las instrucciones que ya había dado el presidente Gustavo Petro sobre este asunto.

Lo preocupante es la cifra: hay 8,7 billones de pesos que todavía no llegan a donde deben. Estos recursos pertenecen a más de 32 mil afiliados que ya tienen el derecho de pensionarse reconocido. De esa cantidad, más de 24 mil ya están recibiendo su mesada mensual a través de Colpensiones, así que la plata que falta es de gente que definitivamente necesita sus ahorros.

La Superfinanciera explicó que estas investigaciones tienen un propósito claro: averiguar si las AFP incumplieron con sus obligaciones al trasladar los ahorros pensionales y, una vez determinen eso, aplicar todas las medidas legales que sean necesarias para proteger a los afiliados. No es solo fiscalizar, es garantizar que la gente no pierda lo que les corresponde.

Todo esto ocurre en un momento tenso porque el Decreto 415 de 2026, que tenía las instrucciones para hacer estos traslados desde lo privado hacia lo público, fue suspendido temporalmente. Pero el presidente Petro no se conformó con eso y anunció nuevas medidas, además de advertir que podría haber sanciones contra las administradoras que no entreguen los ahorros. La tensión entre los fondos privados y el gobierno por este tema está al rojo vivo.