La Superintendencia Financiera de Colombia emitió una condena contra Alianza Fiduciaria el 11 de marzo de 2026, ordenándole pagar más de mil seiscientos millones de pesos a un grupo de compradores que invirtieron en el proyecto inmobiliario Sky Condominio en Montería. La decisión fue tomada por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales en el marco de una acción de protección al consumidor, según información revelada por Orjuela Cortés Abogados, el despacho que representó a los demandantes.

El núcleo del problema fue simple pero grave: Alianza Fiduciaria no hizo su tarea. Cuando una fiduciaria administra dinero de inversionistas para un proyecto inmobiliario, tiene la obligación legal de verificar que el proyecto sea viable, que el constructor tenga capacidad financiera real y que toda la estructura económica del negocio sea sólida. En este caso, la Superintendencia concluyó que la fiduciaria no acreditó haber cumplido ninguno de esos análisis. Esto se conoce como "debida diligencia": el estándar mínimo de profesionalismo que se exige a estas instituciones cuando manejan recursos del público.

Lo importante aquí es entender qué responsabilidad tienen realmente las fiduciarias. Aunque estas empresas no pueden garantizar que un proyecto inmobiliario será exitoso, sí están obligadas a hacer verificaciones rigurosas antes de dejarles puertas adentro a los inversionistas. Deben analizar el riesgo, supervisar el manejo de los recursos y controlar que las cosas se hagan como se prometió. Si fallan en eso, responden por negligencia.

Los demandantes llevaban más de diez años esperando una resolución. Para ellos, esta sentencia representa un reconocimiento de lo que enfrentaron: invirtieron sus ahorros en un proyecto que una fiduciaria debería haber revisado minuciosamente antes de aceptar su dinero, pero no lo hizo. Ahora, al menos, tienen una orden de pago que puede ayudar a recuperar parte de lo perdido.