Standard & Poor's le bajó la nota crediticia a Colombia esta semana, pasándola de 'BB' a 'BB-'. En lenguaje de finanzas, esto significa que los inversionistas confían menos en la capacidad del país para honrar sus compromisos de deuda. La razón de fondo es que el Gobierno gasta más de lo que recauda, año tras año, y esa brecha no tiene visos de cerrarse pronto.

"Prevemos que Colombia registre déficits fiscales elevados de forma constante durante los próximos años", dice el documento de S&P. Traducido al español: el Estado seguirá sacando dinero prestado para cubrir la diferencia entre sus ingresos y gastos. Para 2026, ese hueco será del 5,6% del Producto Interno Bruto, incluso un poco peor que en 2025 (5,3%). Y según sus proyecciones, el déficit se mantendrá alrededor del 4,8% anual entre 2027 y 2029. Esto no es un problema puntual sino estructural, es decir, está incrustado en la forma en que funciona la máquina fiscal.

¿Por qué llega a este punto? S&P identifica varios culpables: el gasto público muy alto, ingresos tributarios inferiores a lo esperado, y la incapacidad del Gobierno para aprobar reformas tributarias que aumenten recaudos. Además, hay un problema de credibilidad: hace poco se suspendió la regla fiscal que limitaba el endeudamiento, y los presupuestos recientes se han escrito contando con ingresos de reformas que nunca fueron aprobadas por el Congreso. Es como si un trabajador presupuestara sus gastos de enero basándose en un bono que no está seguro de recibir.

Todo esto genera consecuencias reales en el bolsillo. Mientras el país endeuda, la deuda acumulada crece: de 60,4% del PIB en 2025 a cerca de 66% en 2029. Eso significa casi dos terceras partes de toda la riqueza que produce el país en un año se la debe. Peor aún, pagar los intereses de esa deuda le comerá al Gobierno un promedio de 12,3% de todos sus ingresos entre 2026 y 2029. En otras palabras, de cada peso que recauda en impuestos, casi una tercera parte va directo a los acreedores. Eso deja menos plata para educación, hospitales, carreteras o cualquier programa social.

S&P advierte que el panorama se agrava porque el Gobierno ha comenzado a usar deuda a corto plazo, una estrategia riesgosa. Es como si pidiera dinero en el gota a gota en lugar de en el banco: más caro y más vulnerable a cambios en las tasas de interés. En el frente económico general, la agencia proyecta crecimiento moderado del 2,5% para 2026, insuficiente para generar empleo de calidad. La inflación seguirá alta (5,9% promedio en 2026) durante años, por culpa del gasto fiscal sin control, los aumentos de salario mínimo y choques externos.

La única nota positiva es que S&P mantiene una perspectiva estable, es decir, que considera posible que el Gobierno reduzca gradualmente el déficit. Pero advierte claramente: si las cuentas fiscales se descontrolan más, si la deuda externa sube mucho o si el Banco de la República pierde credibilidad, vendrán nuevas rebajas de calificación. Y eso haría más caro para Colombia tomar dinero prestado en los mercados internacionales.