Cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2022, en una Plaza de Bolívar repleta de gente, prometió llegar "contra todo pronóstico". Su gobierno se plantearía gobernar para los "nadie" y sacar adelante un paquete ambicioso de reformas sociales que, según él, transformaría la vida de los colombianos más vulnerables. Expertos le advirtieron que intentar todo de una sola vez sería contraproducente, pero el Ejecutivo decidió ignorar el consejo. Ahora, a pocas semanas de entregar la presidencia a Abelardo de la Espriella, el balance es desalentador: de cinco iniciativas estrella, apenas una está funcionando.

La reforma laboral fue la única que logró convertirse en ley, aunque no sin drama. El presidente Petro llegó a amenazar con un "decretazo" (una consulta popular directa) para presionar al Congreso cuando el proyecto se estancó en el Senado. Incluso denunció fraude en una votación. La presión funcionó y el Congreso finalmente aprobó la reforma el 25 de junio de 2025. Sin embargo, apenas está comenzando a implementarse gradualmente hasta 2027, así que aún no hay datos suficientes para medir sus verdaderos efectos en el mercado laboral. Lo que sí está claro es que la reforma protege a quienes ya trabajan formalmente, pero existe el riesgo de que amplíe la brecha entre trabajadores con contrato y los informales.

La reforma de salud naufragó una y otra vez en el Congreso. El Gobierno presentó un primer proyecto en 2023 que fue archivado al año siguiente por falta de viabilidad financiera. Un segundo intento dos años después corrió la misma suerte. Aunque intentó salvarlo mediante decreto con su Modelo de Salud Preventivo, la estrategia generó controversia. Expertos advirtieron que no resolvía los problemas estructurales del sistema. Casos como el de Cecilia Quintero, una adulta mayor que murió en fila esperando medicamentos, ilustran el deterioro que continúa sin frenar.

El Ministerio de la Igualdad, que debía centralizar políticas para mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y personas con discapacidad, terminó siendo un fiasco institucional. Nació en 2023 bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez, pero la Corte Constitucional lo tumbó en 2024 por vicios en su aprobación. El Ministerio apenas ejecutó menos del 3% de sus recursos asignados y enfrentó escándalos de personal que no cumplía los requisitos. Cerca de 600 trabajadores quedaron en la incertidumbre y el proceso de liquidación aún avanza lentamente.

La reforma agraria, que buscaba reconocer derechos sobre tierras a campesinos que las han labrado por décadas, quedó incompleta. Con corte a abril de 2026, apenas se habían adquirido 254 mil hectáreas de la meta de un millón. Lo más grave fue que el Congreso archivó la pieza clave: la ley que definiría cómo funcionaría la Jurisdicción Agraria especializada. Sin eso, no hay jueces especializados en tierras para resolver estos conflictos históricos.

La reforma pensional sigue en veremos. Fue sancionada en julio de 2024, pero la Corte Constitucional la devolvió considerando que fue aprobada sin debate suficiente. Aunque aumentó el subsidio de Colombia Mayor de 80 mil a 230 mil pesos mensuales, la reforma aún no entra en vigor. La Fiscalía, además, investiga si recursos desviados habrían sido usados para comprar votos a favor de esta iniciativa.

Carolina Galindo, profesora de la Universidad del Rosario, reconoce que "el logro más importante de este Gobierno va más allá de las obras, las leyes o los cambios concretos (...) ha sido generar en amplios sectores de la población una conciencia de derechos". Sin embargo, la ambición sin límites terminó siendo el talón de Aquiles. Con el nuevo gobierno en puerta, que tiene una visión política contraria, "va a ser muy difícil la continuidad en ciertos programas", advirtió.