La contienda electoral rumbo a la Casa de Nariño está en marcha, pero hay algo que preocupa más que cualquier promesa de campaña: nadie sabe de dónde salen realmente los millones que gastan los candidatos. Mientras la mayoría de aspirantes mantiene un silencio incómodo sobre sus finanzas políticas, apenas tres de ellos han cumplido con la obligación legal de reportar sus movimientos de dinero a las autoridades electorales. Es como si la transparencia fuera un lujo que muy pocos están dispuestos a pagar.

Según reveló el portal Cuentas Claras, los números son preocupantes. Solo tres líderes políticos dieron cuenta de sus gastos de campaña de manera oficial, demostrando lo que podría llamarse un compromiso mínimo con la honestidad democrática. Mientras tanto, el resto de los competidores parece preferir el anonimato a la hora de explicar de dónde viene el dinero que invierten en publicidad, eventos y estructuras políticas. Los topes de financiación que fija la ley electoral no parecen estar funcionando como deberían, y los analistas políticos del país empiezan a levantar la voz pidiendo que el Consejo Nacional Electoral aplique sanciones severas.

Los ciudadanos tienen razón en estar incómodos. Cuando no sabes quién está detrás del dinero de un candidato, no sabes realmente a quién estás votando. La falta de información abre la puerta a toda clase de especulaciones sobre influencias ocultas, compromisos con poderes económicos y corrupción. La democracia, que ya es frágil en Colombia, se debilita todavía más cuando falta este tipo de transparencia.

El tiempo apremia. Falta poco para que los demás candidatos entreguen sus balances, y las veedurías ciudadanas deben estar atentas a cada peso que se mueva en las campañas. La honestidad financiera no es un detalle menor, es un cimiento fundamental para elegir al próximo presidente del país. Los colombianos merecen saber exactamente quién financia a quien.