Para los colombianos que buscan protección en Estados Unidos, las puertas nunca habían estado tan cerradas. Según datos del TRAC, programa de la Universidad de Syracuse que monitorea el sistema migratorio estadounidense, solo el 2,77 por ciento de las solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos fueron aprobadas durante 2026. Se trata del registro más bajo en al menos veinticinco años, una cifra que refleja un desplome sin precedentes en las oportunidades de obtener asilo.

El deterioro ha sido consistente y brutal mes a mes. En enero aprobaron 11 solicitudes, en febrero 14, en marzo 12 y en abril apenas 14. El contraste con el año anterior es devastador: en 2025, en promedio 80 colombianos al mes lograban obtener el beneficio. Ahora la realidad es otra. La tasa de rechazo, que históricamente se mantenía entre el 49 y 74 por ciento, escaló al 82,8 por ciento en 2025 y ya supera el 92 por ciento en lo que va de este año. En abril llegó a 98,2 por ciento, lo que significa que prácticamente todos los casos decididos ese mes fueron negados. A pesar de esto, las autoridades siguen procesando entre 800 y mil solicitudes mensuales de colombianos, manteniendo el sistema activo pero con resultados casi siempre desfavorables.

El responsable principal es el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, que desde sus primeros meses en el poder suspendió nuevas solicitudes bajo varios programas, congeló miles de casos en trámite y paralizó decisiones sobre permisos de trabajo, ajustes de estatus y naturalizaciones. El sistema quedó más lento y restrictivo, dejando a cientos de miles de personas en un limbo sin certeza jurídica. Colombia enfrenta una situación más crítica que el promedio nacional: en todo Estados Unidos, la tasa general de rechazo pasó del 49 por ciento en 2024 al 70 por ciento en 2025 y hoy ronda el 90 por ciento.

Sin embargo, surgió un quiebre importante la semana pasada. El juez federal John J. McConnell Jr., de Rhode Island, anuló varias de esas políticas considerando que violaban la legislación migratoria vigente y discriminaban a inmigrantes por su país de origen. En su fallo de 135 páginas, el magistrado señaló que las medidas habían dejado "la vida de innumerables personas en suspenso únicamente por virtud de su país de nacimiento" y ordenó al USCIS reanudar la adjudicación normal de más de un millón de solicitudes acumuladas.

Se trata de uno de los golpes judiciales más significativos contra la política migratoria de Trump desde su regreso al poder. No obstante, su impacto real sigue siendo incierto. La administración criticó la decisión y no descartó apelarla, dejando abierta la puerta a una batalla legal prolongada que podría frenar cualquier cambio inmediato.

Por ahora, los connacionales en Estados Unidos atraviesan uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas para conseguir protección. Aunque el fallo de Rhode Island abre una pequeña esperanza, todavía está por verse si logra revertir una tendencia que ya alcanzó niveles históricos sin precedentes.