Las voces críticas contra la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro se encendieron nuevamente cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sacó a relucir números que podrían jugarle en contra. La oposición sigue insistiendo en que las organizaciones armadas ilegales han aprovechado los diálogos y beneficios jurídicos para ganar poder y controlar más territorio.

Buscando defender a la fuerza pública, el ministro Sánchez aseguró que las capacidades ofensivas del Estado siguen activas. Para probarlo, reveló que durante el gobierno Petro se han realizado 21 bombardeos contra estructuras armadas en distintas regiones. Pero aquí viene lo que está generando el debate: de esos 21 bombardeos, once fueron contra las disidencias de Iván Mordisco, seis contra el Clan del Golfo, tres contra el ELN y apenas uno contra la estructura de alias Calarcá.

Esa cifra genera preguntas incómodas. Calarcá comanda una de las disidencias más violentas y ha estado vinculado a crímenes que han conmocionado al país. Su organización es responsable de ataques contra la fuerza pública, secuestros, extorsiones y otros delitos graves. El caso del periodista Mateo Pérez, director del medio alternativo El Confidente de Yarumal, ejemplifica la magnitud del problema. Pérez salió el 4 de mayo hacia Briceño, en el norte de Antioquia, buscando documentar cómo la población sufría por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. A pesar de los riesgos que le advirtieron, se dirigió a la zona rural. Según las investigaciones oficiales, hombres vinculados a la organización de Calarcá lo torturaron y lo asesinaron.

La organización de Calarcá también está señalada del ataque en Amalfi, Antioquia, donde cayeron 13 policías tras derribar un helicóptero con explosivos. Los crímenes se multiplican, pero la presencia militar contra esta estructura parece limitada si se compara con la ofensiva contra otros grupos.

Lo que complica aún más el panorama es que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, sigue sin estar imputado. La Fiscalía General tenía programado imputarlo ante un juez de Villavicencio, pero Calarcá y su abogado no asistieron. A pesar de intentos posteriores, el jefe de esa disidencia continúa sin enfrentar cargos judiciales formales. Para los críticos de la Paz Total, esto es evidencia de que mientras el Gobierno dialoga, algunos de los actores más peligrosos siguen operando con relativa libertad.