La salud en Colombia enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo la operación de hospitales, clínicas e IPS en todo el territorio. El observatorio Así Vamos en Salud reveló que en el primer trimestre de 2026 las EPS reportaron cuentas por pagar por 41,5 billones de pesos, de los cuales 38,4 billones corresponden a obligaciones que llevan más de dos meses sin pagarse. La situación es tan grave que el 92,6 por ciento de la cartera está en mora, lo que compromete la capacidad de las instituciones prestadoras para cubrir sus gastos operativos.

El panorama se torna aún más preocupante cuando se analizan las EPS bajo medidas especiales. Estas entidades concentran deudas por 27,3 billones de pesos, de los cuales el 97,6 por ciento está vencido. Pero la carga no recae equitativamente. El observatorio señaló que "solo cinco EPS, Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud, explican el 74 por ciento del patrimonio negativo bruto". Mientras tanto, las EPS no intervenidas también están en aprietos: pasaron de tener un patrimonio de 0,98 billones de pesos en 2022 a registrar un déficit de 5,33 billones en el primer trimestre de 2026.

El desequilibrio financiero es estructural. En ese mismo trimestre, la siniestralidad global alcanzó el 105,6 por ciento, lo que significa que las EPS gastaron aproximadamente 105,6 pesos en costos asistenciales y administrativos por cada 100 pesos que recibieron. En las entidades intervenidas, el indicador llegó al 117,8 por ciento, evidenciando una presión financiera casi insostenible para mantener la prestación de servicios.

Según Así Vamos en Salud, "En el conjunto de EPS, el patrimonio neto llegó a -18,22 billones en el primer trimestre de 2026. Este resultado refleja que los pasivos superan ampliamente los activos disponibles para responder por las obligaciones financieras". Este colapso patrimonial evidencia que los ingresos son insuficientes para cubrir los costos de operación, lo que genera pérdidas económicas, reduce la capacidad de las EPS para pagar a prestadores y compromete la continuidad operativa del sistema.

El observatorio enfatizó la necesidad urgente de fortalecer los procesos de conciliación entre aseguradores y prestadores. El análisis de información de más de 7.900 instituciones del régimen contributivo y subsidiado mostró discrepancias significativas entre lo que registran las EPS como deudas y lo que reportan las IPS como cuentas por cobrar. Sin una gestión financiera más transparente, con compromisos verificables de pago y prioridad para las obligaciones más antiguas, el sistema seguirá bajo presión.